El Especial del mes del número 78 de Actualidad Penal se titula: “Cuestiones sustantivas y procesales de la colaboración eficaz”.
En nuestro Especial del mes, Roger Renato Vargas Ysla, maestro en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo, analiza tres aspectos probatorios importantes de la colaboración eficaz: la incorporación al proceso penal común de los elementos de convicción recabados en el proceso especial de colaboración eficaz, la determinación del estándar de corroboración de la delación que requiere el juez para aprobar el acuerdo de colaboración eficaz, y, finalmente, la naturaleza de la declaración del colaborador eficaz para determinar si debe declarar como testigo o como coacusado; y Willam Sumarán Layza, abogado por la Universidad Privada del Norte, plantea la posibilidad de que se presente el interrogatorio de aspirantes a colaborador eficaz en la investigación preparatoria.
En la sección de Derecho Penal-Parte General, Royer Edison Vega Vásquez, abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego, confronta dos normas del CP: el inc. 6 del segundo párrafo del 122-B, referido a las agresiones en contra de mujeres o miembros del grupo familiar, y la parte final del segundo párrafo del art. 368, que regula un supuesto idéntico, pero enfocado en el delito de desobediencia a la autoridad; a partir de allí reflexiona sobre si estas dos disposiciones configuran un concurso ideal o concurso aparente de leyes penales.
En el apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Emilio Iván Paredes Yataco, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, analiza la libertad sexual como bien jurídico protegido en los delitos sexuales en agravio de menores de edad; Víctor Manuel Zapata Valle, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (Argentina), estudia si el tipo penal que regula el peculado (art. 387 del CP) también abarca el supuesto de peculado por utilización de mano de obra; y Kevin-André Silva Carrillo, máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), identifica los fundamentos dogmáticos y la delimitación normativa del objeto de los tipos delictivos relacionados al financiamiento prohibido de organizaciones políticas.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Edinson Henrry Villanueva Rojas, magíster en Derecho Penal por la Universidad Privada Antenor Orrego, analiza la decisión judicial contenida en el R. N. N.° 479-2019 Lima sobre la pertenencia del investigado a una organización criminal como uno de los presupuestos de la prisión preventiva; Teodorico Cristóbal Támara, abogado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, estudia la Sentencia N.° C-396/07 de la Corte Constitucional colombiana, que versa sobre la prohibición del juez para decretar pruebas de oficio; y Oscar Quispe Huaraya, magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, examina escrupulosamente el AP N.° 1-2019, que trata sobre la interpretación y aplicación de la prisión preventiva, dándole un especial énfasis a sus presupuestos y requisitos.
En la sección de Política Criminal / Criminología, Rosana Manuela Villar Ramírez, fiscal provincial especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, analiza el D. Leg. N.° 1373, actual normativa de extinción de dominio, y pone al descubierto que, en aras de una mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad organizada, se comete una serie de vulneraciones al derecho de defensa, a la autonomía e independencia judicial, entre otros derechos y principios constitucionales; y Alan García Huitron, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, desarrolla las etapas de la criminología en México y explica por qué esta ciencia social se encuentra en un periodo de auge desencantado, pues, a pesar de que su demanda educativa se ha incrementado, los puestos de trabajo son escasos.
En el apartado de Derecho Penal Constitucional, Gaia Derasmo, doctoranda en Derecho Penal en la Universidad de Valencia, analiza los efectos que la tipificación de los “delitos eurounitarios” (legislación en materia terrorista) ha provocado sobre el sistema de garantías y los principios penales clásicos en la tradición de civil law.
Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal General
- Cas. N.° 186-2019 Junín, que versa sobre los alcances del error culturalmente condicionado, la responsabilidad restringida por la edad y los atenuantes de la pena.
Derecho Penal Especial
- Cas. N.° 600-2019 Ayacucho, donde se diferencian las modalidades del delito de tráfico ilícito de drogas contenidas en el primer y segundo párrafo del art. 296 del CP.
- R. N. N.° 2468-2018 Nacional, donde se imputa a la organización criminal La Gran Familia los delitos de extorsión agravada y organización criminal, como tipo penal autónomo.
Derecho Procesal Penal
- Cas. N.° 186-2018 Amazonas, que desarrolla los criterios del sobreseimiento y la debida diligencia del fiscal.
- Cas. N.° 1596-2017 San Martín, donde se analizan los requisitos para la incoación del proceso inmediato: la flagrancia delictiva y la ausencia de complejidad del caso.
Derecho Penal Constitucional
- Exp. N.° 2064-2018-PA/TC Lima, donde se establece el plazo razonable en la investigación de los delitos contra los derechos humanos en el caso de las esterilizaciones forzadas.
- Exp. N.° 2647-2016-PHC/TC Arequipa, donde el TC examina si la falta de consenso en la terminación anticipada del proceso penal configura una vulneración al derecho de defensa.
Jurisprudencia relevante
Presentamos tres pronunciamientos importantes que se refieren a los aspectos procesales y sustanciales en los delitos contra la administración pública: a) Exp. N.° 00006-2020-1, donde se impone la medida coercitiva de levantamiento de las comunicaciones contra César Hinostroza Pariachi por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en agravio del Estado; b) Cas. N.° 396-2019 Ayacucho, que explica los elementos típicos del delito de negociación incompatible y su probanza por medio de la prueba indiciaria; y c) Apelación N.° 23-2018 Áncash, donde se establece que la falta de perjuicio a las partes por una resolución judicial no evita que el juez responda por el delito de prevaricato.
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Lima, diciembre del 2020