El Especial del mes del número 79 de Actualidad Penal se titula: “Delitos sexuales: comentarios a los casos La manada de Surco, La prenda íntima de color rojo, entre otros”.
En nuestro Especial del mes, Frank C. Valle Odar, abogado por la Universidad Señor de Sipán (Chiclayo), hace un análisis del razonamiento expresado por algunos operadores de justicia en dos de los casos de violación sexual más sonados del 2020: La manada de Surco y La prenda íntima de color rojo; y Alonso R. Peña Cabrera Freyre, con título en posgrado en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo, España), brinda un contexto criminológico de los delitos sexuales, donde se demuestra la presencia de una degeneración de los vínculos familiares y el uso de estereotipos en el análisis de estos delitos.
En la sección de Derecho Penal-Parte General, Miguel Angel Villa Zuñiga, abogado por la Universidad Nacional de Huancavelica, analiza los fines de la pena y su relación directa con la determinación de esta, y, a partir de ello, advierte que dichos fines no pueden servir de fundamento directo para determinar la pena, dado que requiere de un sistema o método más riguroso como el “sistema de tercios”, que por ahora se encuentra incompleto.
En el apartado de Derecho Penal-Parte Especial, Roberto Carlos Vílchez Limay, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realiza un comentario sobre las disposiciones penales que regulan el delito de trata de personas, tanto en el ordenamiento jurídico penal peruano como en el derecho comparado (legislación penal española); en ese sentido, evalúa la posibilidad de esgrimir una propuesta de lege ferenda para el mejor tratamiento normativo y dogmático de dicho delito.
En el acápite de Derecho Procesal Penal, Iván Gómez Carrasco, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realiza un examen crítico de la prueba de oficio regulada en el nuevo CPP; Miguel R. Pérez Arroyo, doctor en Derecho por la Universidad de Alicante (España), explica la evolución de las reglas testificales del proceso penal y de los requisitos para la sindicación, asimismo, desarrolla el perfil de los aspirantes a colaboradores eficaces (psicópatas de carácter disocial integrados) y recalca la importancia de las pericias psicológicas en estos sujetos procesales; Mario M. Cabrera Huertas, abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego, instruye a los abogados y jueces en lo concerniente a la audiencia preliminar, para que estos realicen las argumentaciones pertinentes durante el desarrollo de la etapa intermedia del nuevo proceso penal; y Roxana Inés Espinoza Paucar, abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, analiza la regulación peruana y convencional en torno a la prueba ilícita en los casos de violación del secreto de las comunicaciones y de la intimidad.
En el apartado de Derecho Penal Económico, Percy García Cavero, profesor ordinario principal de la Universidad de Piura, establece de manera puntual la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias previstas en el art. 105 del CP y de las sanciones recogidas en la Ley N.° 30424; además, propone un criterio práctico que permite decidir en qué casos se deben aplicar unas u otras.
En el apartado de Derecho Penitenciario, Víctor Bazalar Paz, máster en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Piura, analiza los índices de delitos contra la libertad cometidos en los últimos años y aborda el beneficio de semilibertad, cuya concesión requiere de la rehabilitación del condenado, que es acreditada fundamentalmente con el informe sobre el grado de resocialización del interno elaborado por el Consejo Técnico Penitenciario.
En la sección de Política Criminal / Criminología, Jorge R. Mauricio Meléndez, doctorando en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Trujillo, desarrolla una serie de argumentos por los que se debe incorporar el término colaborar a la actual regulación de verbos rectores que aparecen en el art. 317 del CP (delito de organización criminal); y Américo R. Flores Ostos, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, utiliza el enfoque socio-cultural y jurídico-punitivo para explicar las razones por la que se emitió la Ley N.° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal General
— R. N. N.° 616-2020 Puno, que versa sobre la prescripción penal y la suspensión de sus plazos en el contexto del COVID-19.
Derecho Penal Especial
— Cas. N.° 836-2019 Lambayeque, donde se diferencian los delitos de violación sexual de menor, de proxenetismo en la modalidad de cliente y de acceso carnal a menor de edad mediante pago.
Derecho Penitenciario
— Exp. N.° 3838-2017-PA/TC Lima, donde se establecen los criterios de aplicación sobre las normas que regulan los beneficios penitenciarios y su aplicación temporal.
Jurisprudencia relevante
Presentamos dos pronunciamientos importantes que versan sobre los criterios de determinación de la pena: a) Cas. N.° 399-2019 Lambayeque, donde se establece el cumplimiento efectivo de la primera pena como requisito para aplicar la agravante de reincidencia en un nuevo delito cometido por el mismo sujeto; y b) Cas. N.° 668-2016 Ica, que explica la aplicación de la responsabilidad restringida por edad como circunstancia atenuante de la pena.
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Lima, enero del 2021