Nuevas reglas sobre la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal

[pp. 47-54]

Martín Méjico Leaño

Univ.

Sumario

1. Introducción.— 2. La duplicidad del plazo de prescripción antes de la reforma constitucional.— 3. La duplicidad del plazo de prescripción luego de la reforma constitucional.— 4. Posibles cuestionamientos a los nuevos alcances de la duplicidad.— 5. Aplicación inmediata de la disposición constitucional y principio de fuerza normativa de la Constitución.— 6. Inconstitucionalidad por omisión legislativa.— 7. Conclusiones.— 8. Referencias bibliográficas.

Resumen

La modificación del cuarto párrafo del art. 41 de la Constitución, a través de la Ley N.° 30650, significó un cambio radical respecto a la aplicación de la duplicidad del plazo de prescripción. El autor analiza en qué medida dicha reforma constitucional influye en la interpretación del art. 80 in fine del Código Penal y en la jurisprudencia uniformizada por la Corte Suprema mediante los Acuerdos Plenarios N.os 1-2010 y 2-2011.

Palabras clave: Delitos contra la administración pública / Plazo de prescripción / Fuerza normativa de la Constitución / Inconstitucionalidad por omisión.

ABSTRACT

The modification of the fourth paragraph of the art. 41 of the peruvian Constitu- tion, through Ley N.° 30650, denoted a radical change regarding the application of the duplicity of the prescription term. Author analyzes to what extent that constitutional reform influence in the in- terpretation of the art. 80 of the Código Penal, and how influence the standardized jurisprudence by the Corte Suprema through Acuerdos Plenarios N.os 1-2010 and 2-2011.

Keywords: Felonies against public administration / Prescription term / Constitution’s normative force / Unconstitutionality by omission.

Title: New rules about duplicity of the prescription term of the penal action

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Martín Méjico Leaño

Nuevas reglas sobre la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal

Número 81 • Marzo 2021 • pp. 47-54

Referencias Bibliográficas

1.
Publicada el 20 agosto del 2013. Entró en vigencia el 1 de julio del 2014. Volver
2.
El texto vigente establece: “En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica”. Volver
3.
Respecto a la fuerza vinculante de los acuerdos plenarios, la doctrina señala que “el valor de los acuerdos plenarios es solo persuasivo y representa una recomendación a los magistrados para que puedan resolver las causas según los puntos resolutivos adoptados de manera unánime o por mayoría. No se trata de sentencias judiciales ni de autos porque no resuelven un caso judicial o un asunto sometido a controversia, ni tampoco supone el ejercicio de la jurisdicción”. Castillo Alva, José Luis y Luis Castillo Córdova, El precedente judicial y el precedente constitucional, Lima: Ara, 2008, pp. 125 y 126. Volver
13.
Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008, p. 519. Volver
14.
Véase, al respecto, la Constitución de Portugal (art. 283), Constitución de Brasil (art. 103.2), Constitución de Ecuador (art. 436.10). Volver
15.
Véase, al respecto, Piovesan, Flávia, Proteção judicial contra omissões legislativas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. Volver
16.
El art. 203 establece quienes están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad, entre ellos cabe destacar la legitimidad del fiscal de la Nación, quien, como máximo representante del Ministerio Público, órgano titular de la acción penal pública, debería interponer la acción de inconstitucionalidad por omisión, a fin de que el Tribunal Constitucional ordene o exhorte al Congreso a emitir la ley que declare la imprescriptibilidad de los delitos más graves que lesionen el bien jurídico administración pública. Volver
17.
El Tribunal Constitucional ha analizado la inconstitucionalidad por omisión a través del Expediente N.º 05427-2009-AC/TC, de 30 de junio del 2010: “El reconocimiento creciente en los ordenamientos constitucionales comparados de este instituto procesal como forma jurídica idónea para controlar las omisiones inconstitucionales en que puede incurrir la autoridad competente encuentra sustento en el principio de fuerza normativa de la Constitución que atraviesa el paradigma mismo del Estado constitucional contemporáneo. Así, el carácter normativo que la Constitución ostenta no solo significa que las disposiciones en ella contenidas no sean infringidas o desconocidas por las autoridades, funcionarios o personas (que no se atente contra lo constitucionalmente prohibido), sino que aquellas obligaciones que ella señala, entre las que puede encontrarse la de desarrollar normativamente determinado precepto constitucional, sean cumplidas de modo efectivo y adecuado (que se cumpla con lo constitucionalmente ordenado). Solo de esta manera puede garantizarse la plena y completa realización del proyecto constitucional que una comunidad política ha abrigado a través de su Norma Fundamental” (f. j. n.° 12). Volver

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