El Especial del mes del número 81 de Actualidad Penal se titula: “Los principios de autoridad y ultima ratio en los delitos de violencia y resistencia a la autoridad”.

En nuestro Especial del mes, Wilfredo Arturo Robles Rivera, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, define el “principio de autoridad” como una categoría de bien jurídico protegido de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad; y Geraldine Dayana Tolentino Lázaro, fiscal adjunta provincial del Distrito Fiscal del Callao, analiza críticamente, desde la dogmática penal y en el marco del principio de intervención mínima del derecho penal o de ultima ratio, los criterios que asume la política criminal peruana respecto al delito de violencia y resistencia contra la autoridad.

En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Martín Méjico Leaño, abogado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, analiza en qué medida la reforma del cuarto párrafo del art. 41 de la Constitución influye en la interpretación del art. 80 in fine del Código Penal y en la jurisprudencia uniformizada por la Corte Suprema mediante los Acuerdos Plenarios N.os 1-2010 y 2-2011.

En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Ignacio Teodoro Yauri Cuadros, magíster en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, examina la diferencia entre el delito de organización criminal y el de banda criminal.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, David Incaroca Coronado, magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Huánuco), pone de manifiesto las posiciones jurídicas que se contraponen al momento de analizar la viabilidad de una segunda prórroga del plazo de investigación preparatoria en casos complejos o de crimen organizado.

En la sección de Política Criminal / Criminología, Andrea Planchadell Gargallo, catedrática de Derecho Procesal en la Universidad Jaume I (Castellón, España), presenta una visión general de la irrupción de la inteligencia artificial en la administración de justicia, tanto civil como penal, y los desafíos y riesgos que ello supone; y Erick Guimaray Mori, doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz, realiza una crítica al rol social y jurídico de la reclusión en el Perú, que está influenciado por un tipo de política criminal aferrada a un modelo socioeconómico excluyente.

En el apartado de Derecho Penal Económico, Jhover Meza Huamaní, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desarrolla la importancia del compliance en la lucha contra la corrupción en el Perú.

Finalmente, en la sección de Recensión, Juan Elías Carrión Díaz, máster en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga, realiza una breve semblanza del Dr. Felipe Villavicencio Terreros (1955-2020).

Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial sobre determinados asuntos de coyuntura:

Derecho Penal General

— Cas. N.° 601-2019 Lima Norte, donde se explica la revocación de la ejecución suspendida de la pena cuando el condenado incumple las reglas de conducta.

Derecho Penal Especial

— Cas. N.° 418-2019 Del Santa, que versa sobre el análisis típico de los delitos de nombramiento y aceptación indebida de cargo público.

Derecho Procesal Penal

— Cas. N.° 646-2019 Huaura, donde se analiza la constitución del actor civil, los sujetos que pueden adquirir esta posición y las facultades que puede ejercer.

Jurisprudencia relevante

Presentamos dos pronunciamientos importantes sobre el deber de los jueces penales de revisar que las normas que sustentan sus decisiones sean acordes a la Constitución y los tratados internacionales (control difuso): a) Cas. N.° 870-2019 Ayacucho, donde se realiza el control de convencionalidad sobre una sentencia por negociación incompatible; y b) Cas. N.° 1089-2017 Amazonas, que versa sobre la naturaleza y objeto del control difuso en un caso de homicidio.

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