El Especial del mes del número 85 de Actualidad Penal se titula: “La política criminal nacional. Retos y perspectivas ad portas del bicentenario de la fundación de la República del Perú”.
En nuestro Especial del mes, Alejandro Solís Espinoza, doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analiza la política criminal peruana desde lo que denomina “política criminal integral” y expone sus características y límites a partir de la delimitación del delito como problema público; Marcos Ivan Galvan Ramos, máster en Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de Barcelona, desarrolla críticamente la naturaleza de la criminología etiológica y propone su desaparición, así como la búsqueda de nuevos proyectos teóricos para pensar la conflictividad social; Erick Gonzales Rado, investigador asociado del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social (Incrides), examina la relación entre desigualdad económica y violencia homicida, y señala el carácter excluyente que tiene la construcción del fenómeno criminal en perjuicio de las mayorías; Bertha Verónica Prado Manrique, máster en Derecho Penal y Política Criminal por la Universidad de Málaga, realiza, a diez años de su creación, un primer balance de los aportes del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) en relación con el diseño e implementación de la política criminal en el Perú, además de señalar sus desafíos pendientes; y Max Oliver Vengoa Valdiglesias, maestro en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, analiza la realidad actual de la política criminal peruana desde una perspectiva crítica y señala que su abordaje, en la actualidad, se fundamenta en el castigo y elude su carácter resocializador.
En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Willam Sumarán Layza, maestrando en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, examina el art. 45-A del Código Penal, que regula el procedimiento de determinación de la pena, y expone los supuestos en los que se relativiza el principio de legalidad.
En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Mario Cabrera Huertas, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad San Pedro, analiza exegéticamente el delito de plagio, desarrolla ejemplos de este delito en la historia y señala los pormenores de su regulación en el sistema penal peruano; y Erika del Carmen Cecilia Matos Bernal, magíster en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo, estudia el fraude informático en la modalidad de phishing y su impacto en la sociedad actual.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Rudy Santiago Guzmán Fiestas, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analiza el art. 339.1 del nuevo CPP, referido al presupuesto de la formalización de la investigación preparatoria como punto de inicio de la suspensión de la prescripción penal; las interpretaciones que la Corte Suprema emitió sobre este artículo, y la ambigüedad y discrepancias existentes en dichos pronunciamientos.
En la sección de Derecho Penitenciario, Sergio Alejandro Berrospi Fernández, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, propone la medida de trabajo comunitario como una alternativa viable para la conversión de la pena en el delito de omisión de prestación de alimentos.
Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal General
— Cas. N.° 1481-2017 Lambayeque, que versa sobre la aplicación de la disminución punitiva por responsabilidad restringida debido a la edad del procesado al momento de determinar la pena.
Derecho Penal Especial
— Cas. N.° 1553-2019 Ucayali, que analiza la tipicidad y delimitación del elemento normativo “otro documento forestal” del delito regulado en el art. 314-B del CP (“Responsabilidad por información falsa contenida en informes”).
Derecho Procesal Penal
— Cas. N.° 241-2019 Áncash, que desarrolla la habilitación procesal que tendría la Sala Penal de Apelación para pronunciarse respecto al sobreseimiento (desde la perspectiva de oportunidad, pertinencia y congruencia), previsto en los arts. 352.4, 409.1 y 425.3 del nuevo CPP.
Jurisprudencia relevante
En esta oportunidad, presentamos dos pronunciamientos relevantes acerca de la vulneración a las garantías constitucionales en el proceso penal: la Cas. N.° 435- 2018 Lambayeque, que versa sobre la infracción al debido proceso y la tutela judicial efectiva al declarar improcedente, por extemporánea, una solicitud de embargo; y la Cas. N.° 1620-2017 Madre de Dios, que desarrolla la vulneración al derecho de defensa (debido proceso) por una errónea aplicación del proceso inmediato.
Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.
Lima, julio del 2021