Sumario
1. Introducción.-2. ¿Interpretación accesoria o autónoma?- 3. El concepto jurídico-penal de funcionario o servidor público.-3.1. El artículo 425 del Código Penal.- 3.2. Los elementos constitutivos de la definición jurídico-penal de funcionario público.- 3.3. Supuestos particulares.- 4. La contratación de servicios por parte del Estado.- 5. La contratación de personas jurídicas. -6. Conclusiones. ?. Referencias bibliográficas.
Resumen
El autor expone los problemas de adoptar un concepto administrativo o laboral de funcionario o servidor público para los delitos cometidos por funcionarios públicos. Por ello, postula un concepto penal autónomo de funcionario o servidor público y desarrolla sus componentes (título habilitante y ejercicio de la función pública). Con base en este concepto, aborda tres supuestos problemáticos en la doctrina: el funcionario público nombrado o proclamado que no ha entrado aún en funciones, el funcionario público de hecho y los administradores de empresas estatales de derecho privado.
Fundamento legal: art. 425 del CP; art. i de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Palabras clave: Concepto autónomo de funcionario público / Infracción del deber / Título habilitante / Ejercicio de la función pública / Funcionario público de hecho
ABSTRACT
Author exposes the problems of adopting an administrative or labor concept of public official or servant for the felonies committed by public officials. Thus, postulates a penal autonomous concept of public official or servant and develops its components (enabling title and public function exercise). On the basis of this concept, approaches three problematic premises in doctrine: the named or proclaimed public official that haven’t entered in functions yet, the de facto public official and the administrators of state companies of private law.
Keywords: Autonomous concept of public official / Duty infraction / Enabling title / Public function exercise / De facto public official
Title: The juridical-penal concept of public official or servant in the felonies against public administration
1. Introducción
Hace unos meses la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios tuvo que pronunciarse, en el marco de una excepción de improcedencia de acción, sobre la cuestión de si —como lo postulaba el Ministerio Público— dos abogados que redactaron un informe legal para absolver la consulta realizada por una institución…