El Especial del mes del número 88 de Actualidad Penal se titula: “El public compliance como mecanismo para prevenir y sancionar la corrupción en el Perú”.

En nuestro Especial del mes, Percy André Sota Sánchez, máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la Universidad de Castilla-La Mancha (España) y Tania Pereyra Villar, abogada por la Universidad de San Martín de Porres, analizan críticamente los procesos de implementación del public compliance en algunas instituciones públicas del Estado peruano y proponen la construcción de una agencia anticorrupción en el país; y Mario Rafael Camacho Lazarte, egresado de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad de San Martín de Porres, estudia la Integridad Pública como mecanismo de lucha contra la corrupción y brinda un balance de su implementación en el Ministerio de Salud.

En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Criss Torres Alzamora, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, estudia la Casación N.° 1147-2019 Piura, que señala, sin mayor detalle, que la remisión a un deber general no es suficiente para determinar el riesgo prohibido, sino que se debe tener en cuenta un deber específico que configure el tipo imprudente; y Mario Manuel Cabrera Huertas, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad San Pedro (USP), brinda alcances sobre la coautoría y la complicidad, y esboza algunas críticas sobre su regulación en nuestro Código Penal.

En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Alfredo Enrique Pérez Bejarano, abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, examina los aspectos político-criminales del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas en el Código Penal peruano y realiza una propuesta de bien jurídico para este delito.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, Nury Yanet Sánchez Ocampo, máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad César Vallejo, desvela el falso dilema entre la aplicación del principio de oportunidad en los procesos de omisión a la asistencia familiar y el principio del interés superior del niño y del adolescente, y plantea criterios orientativos que permitan a los operadores del derecho, en particular el Ministerio Público, salir de este entrampamiento; Ubaldo Callo Deza, abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), estudia las características de provisionalidad y variabilidad de las medidas provisionales e identifica los diferentes momentos donde se puede interponer la prisión preventiva en el proceso penal; y Mercedes Herrera Guerrero, doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, aborda la corroboración del testimonio del colaborador eficaz, con el fin de evitar que a causa de falsas sindicaciones se inicien procesos a personas ajenas a los hechos investigados.

En la sección de Derecho Penal Constitucional, Luis Alberto Casaverde Reyna, egresado de la maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudia los pronunciamientos emitidos por la Sala Penal Superior y por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el caso Petroaudios y sustenta que los tribunales habrían incurrido en una incorrecta aplicación de la regla de exclusión y, por consiguiente, en indebida motivación de las resoluciones judiciales; y Cristhian Hugo Gutiérrez de la Cruz, candidato a magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desarrolla los supuestos en los cuales una sentencia penal condenatoria puede ser cuestionada en la vía constitucional mediante el proceso de habeas corpus, y señala las razones por las que los justiciables tienden erróneamente a considerar este proceso constitucional como una tercera instancia del proceso penal.

En la sección de Criminología/Política criminal, Marco Miguel Huamán Muñoz, con estudios concluidos de maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realiza un estudio acerca del crecimiento de los ciberdelitos en nuestro país, así como los diversos mecanismos y medidas que ha venido adoptando el Estado para contrarrestarlos.

Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial sobre determinados asuntos de coyuntura:

Derecho Penal General

— Cas. N.° 723-2018 Junín, que analiza el sistema de tercios en la determinación judicial de la pena.

Derecho Penal Especial

— Cas. N.° 802-2019 Junín, que determina sobre quién recae la representación del agraviado en el delito de conducción en estado de ebriedad.

Derecho Procesal Penal

— Cas. N.° 754-2018 La Libertad, que aborda declaración testimonial de un imputado y el derecho a la no autoincriminación.

Jurisprudencia relevante

En esta oportunidad, presentamos dos pronunciamientos relevantes acerca del delito de aprovechamiento indebido de cargo o negociación incompatible: la Cas. N.° 1059-2018 Huánuco, que versa sobre el interés indebido como elemento típico en el delito de negociación incompatible, y la Cas. N.° 1833-2019 Lima, que desarrolla el principio de confianza en este delito.

Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.

Lima, octubre del 2021