Sumario
1. Introducción.- 2. Informes especiales sobre corrupción en el Perú.- 3. La inaplicación de la suspensión de la pena a funcionarios públicos.- 4. Conclusiones.- 5. Referencias.
Resumen
El autor critica la modificación realizada al art. 57 del CP, específicamente, a su tercer párrafo, referido a la no aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena a funcionarios públicos, ya que considera que es una medida ineficaz, al no cumplir su finalidad intimidatoria, y ser sobrecriminalizadora, al fundamentarse en la calidad del sujeto activo. Sin embargo, también considera que la inaplicación de la suspensión de la pena podría estar sujeta a la valoración del juez, quien, de acuerdo con sus funciones, debería realizar una valoración individual y motivada de la inaplicación de este beneficio.
Palabras clave: funcionario público, suspensión de la ejecución de la pena, corrupción de funcionarios
Fundamento legal: art. 57 del CP.
Recibido: 3-3-22
Aprobado: 25-3-22
Publicado en línea: 2-5-22
ABSTRACT
The author criticizes the modification made to art. 57 of the CP, specifically, to its third paragraph, referring to the non-application of the suspension of the execution of the sentence to public officials since it considers that it is an ineffective measure, since it does not fulfill its intimidating purpose, and is overcriminalizing, by based on the quality of the active subject. However, it also considers that the non-application of the suspension of the sentence could be subject to the assessment of the judge, who, in accordance with his functions, should make an individual and motivated assessment of the nonapplication of this benefit.
Keywords: public official, suspension of the execution of the sentence, corruption of officials
Title: Comments to the suspension of the execution of the sentence to public officials
1. Introducción
El aumento de casos de corrupción protagonizados por funcionarios públicos es una realidad que para nadie es ajena. Con el tiempo, este flagelo ha producido una crisis nacional que pone en riesgo la confianza de los ciudadanos en las entidades estatales, más aún cuando observamos en las noticias que funcionarios de altos rangos, como el presidente de República, congresistas, jueces, fiscales,…

