El Especial del mes del número 99 de Actualidad Penal se titula: “Delito de violencia contra la mujer y perspectiva de género”.
En nuestro Especial del mes, Sandra Campos Gonzales, maestra en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional de Trujillo, analiza, desde la perspectiva de género, la manera en que los operadores de justicia valoran la legítima defensa que ejerce la mujer víctima de violencia de género; y Franklin Abraham Pérez Santa Cruz, magíster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales por la Universidad de Jaén (España), examina la aplicación “automática” del delito de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar por parte de los jueces penales por la sola verificación de la calidad de la víctima, así como el contexto en que deben ser cometidas las agresiones para ser consideradas violencia de género o familiar.
En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Carlos Miguel Álvarez Jinés, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudia los fundamentos, clases, características principales y elementos del estado de necesidad justificante, así como su diferencia con la legítima defensa.
En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Deiby Wilder Barrueto Pasapera, abogado por la Universidad César Vallejo (Trujillo), critica la falta de proporcionalidad del art. 279-G del CP, por cuanto equipara conductas como tener munición o un solo cartucho con la tenencia de un arma de fuego; y Gaspar Adanaque Quinde, abogado por la Universidad César Vallejo (Piura), señala la necesidad del establecimiento de un valor mínimo de lo apropiado o utilizado en el delito de peculado, a fin de que, sin dejar de castigar la conducta delictiva, se cuente con parámetros que harían de nuestro derecho penal uno más humano, transparente y predictible.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Carmelo García Calizaya, abogado por la Universidad Nacional del Altiplano (Puno), explica, mediante un análisis sistemático, las alternativas por las que el fiscal puede optar en la calificación de la denuncia —archivar la denuncia, abrir investigación preliminar o formalizarla directamente ante el juez penal—, en vista de que no han sido desarrolladas adecuadamente por el legislador; y Juan Manuel Arroyo Decena, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, resuelve las interrogantes fundamentales respecto a la actuación del tercero con interés en el proceso de extinción de dominio, tanto en la etapa de indagación patrimonial como en la judicial.
En la sección de Derecho Penal Económico, Aldo Figueroa Navarro, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analiza los aspectos dogmáticos y político-criminales más relevantes de la captación ilegal de recursos (art. 246 del CP), por ejemplo, la influencia de la informalidad económica y financiera como factor desencadenante, el bien jurídico protegido y las conexiones de este delito con otras formas de criminalidad, como el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos; y Miguel Ángel Sánchez Mercado, magíster y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, determina, mediante un análisis comparativo del D. Leg. N.° 1106 y de tres convenciones internacionales, si los actos de disposición final o que consumen al activo, como las donaciones electorales, impiden configurar el delito de lavado de activos.
En el área de Política Criminal/Criminología, Wilinton Cubas Irigoin, maestro en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional de Trujillo, examina, en el marco del interés superior del niño, las dificultades jurídicas, legales y del propio sistema institucional a las que se enfrenta el derecho al intentar resolver los conflictos por la tenencia de los niños, en particular, el delito de sustracción de menor.
Como jurisprudencia sumillada incluimos, al finalizar nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos del Poder Judicial sobre determinados asuntos de coyuntura:
Derecho Penal General
— Cas. N.° 2469-2021 Callao, que trata sobre los requisitos de naturaleza del delito, modalidad del hecho punible y personalidad del agente en la suspensión de la ejecución de la pena.
Derecho Penal Especial
— Cas. N.° 294-2021 Lima Norte, que determina si un revólver de fogueo puede considerarse arma de fuego.
Derecho Procesal Penal
– Cas. N.° 879-2020 Cusco, que analiza la vulneración al derecho de defensa de un imputado quechuahablante por no contar con un intérprete.
Derecho Penal Económico
– Cas. N.° 263-2020 Puno, que analiza si es necesario realizar una pericia contable para demostrar el desbalance patrimonial en el delito de lavado de activos.
Jurisprudencia relevante
En esta oportunidad, presentamos cuatro pronunciamientos relevantes en torno a la prueba necesaria para enervar la presunción de inocencia: a) el R. N. N.° 449-2021 Lima, que trata sobre la insuficiencia probatoria; b) el R. N. N.° 500- 2019 Lima, que analiza si el acta de hallazgo y comiso de droga cumple el estándar probatorio necesario para condenar al imputado en el delito de tráfico ilícito de drogas; c) el R. N. N.° 677-2020 Selva Central, que trata sobre las características que debe reunir la prueba que sustente una condena; y d) el R. N. N.° 1271-2019 Lima Este, sobre el estándar “más allá de toda duda razonable” como garantía de la presunción de inocencia.
Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.
Lima, septiembre del 2022