La imputación de la infracción disciplinaria del representante del Ministerio Público

Con relación al origen del derecho disciplinario, el mismo se identifica con el momento en que el rey perdió la facultad absoluta de separar libremente a sus servidores (Nieto, 1970, p. 44). Hoy en día, se le considera como un sistema de control social e institucional, que busca garantizar el cumplimiento de los fines y funciones atribuidos al Estado (Forero, 2006, p. 216). Volver

Así tenemos: Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 3893-2018-MP-FN, de 30 de octubre del 2018, donde se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público, modificado por Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 1974-2019-MP-FN, de 26 de julio del 2019, donde se diseña y define la estructura orgánica del Ministerio Público, regulándose el ámbito de competencia y asignación de funciones de los órganos y unidades orgánicas que lo conforman. Igualmente, se cuentan con el clasificador de cargos del Ministerio Público y los respectivos informes y observaciones de SERVIR. Volver

No se descuidan otras categorías como los principios penales; así, resulta interesante para el desarrollo del derecho disciplinario si el mismo requiere del principio lesividad —tal como si opera en el derecho penal—. Nosotros consideramos que no se pueden importar todas las categorías del derecho penal al ámbito disciplinario, y justo sería el principio de lesividad lo que no se podría trasladar, dado que, en el ámbito disciplinario, no es prioritario identificar un bien jurídico afectado por la infracción administrativa, siendo suficiente el incumplimiento de la norma de comportamiento que a su vez nos conduce a la infracción de los deberes funcionales, por parte del sujeto obligado, quien para efecto de nuestro estudio sería el representante del Ministerio Público. En ese contexto, consideramos que Padilla y Astrain (2022) cometen un error al referirse a un bien jurídico administrativo, que a la hora de definirlo es considerado como unitario y referido únicamente al correcto desarrollo del servicio público (p. 73); para nosotros es otra manera de referirse a los deberes funcionales, sin que sea necesario “penalizar” todo el derecho disciplinario. Volver

Apréciese la relación entre la posición de garante con el deber de vigilancia y control, así como de supervisión del superior frente a sus subordinados, lo cual, a su vez, permite explicar determinados criterios de imputación, citando a Gómez (2013), fundados en “módulos de prudencia objetiva que sustentan de manera expresa el deber objetivo de cuidado, cuando se mencionan los conceptos de ignorancia supina, desatención elemental, violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento e inobservancia del cuidado necesario” (p. 299). Volver

Resultan valiosas las palabras de Nieto (2006) al advertir “que la presencia del derecho penal es útil e imprescindible, pero opera como punto de referencia, aplicándose sus garantías de forma provisional a falta de normas expresas del derecho administrativo o hasta tanto este las produzca” (p. 91). Volver

El error también ha sido estudiado por el derecho penal, donde se ha optado por un enfoque diferenciado según las consecuencias dogmáticas que genera el equívoco. Así, está aquel error que incide en el juicio de tipicidad, en razón de que el yerro en que incurre el agente está referido a alguno de los elementos que conforman el denominado aspecto objetivo del tipo, que, al ser invencible, elimina la tipicidad, pero si es vencible o superable, entonces se castigará la conducta por negligencia, claro está, si existe el tipo penal correspondiente. En cambio, si el equívoco gira en torno en que el agente actuó creyendo que su conducta es lícita cuando en realidad está prohibida por el ordenamiento, entonces incurre en error de prohibición, el cual, si es invencible, excluye la culpabilidad, pero si es vencible, solamente atenuará el castigo. Volver