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Edición 118

Abril 2024

118 / COLUMNA DEL MES

El correcto título de la imputación en la posesión de bienes costosos de parte del alto funcionario público (caso Rolex)

En un Estado constitucional de derecho, la investigación a altos funcionarios públicos por la presunta comisión de ilícitos funcionales (incluido el o la presidente de la República) deviene en una mayor dosis de exhaustividad y de detalle en los probables hechos delictivos en que pueda haber incurrido, considerando que, en estos casos, es mayor la defraudación de las legítimas expectativas de una población que demanda las sanciones más enérgicas que la ley penal regula al respecto. Entendiendo los intereses jurídicos tutelados en esta titulación del derecho penal, conforme a los aspectos materiales, en virtud de los cuales debe desarrollarse la función pública en un orden democrático de derecho (legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia), como es la axiología; esta función se ha de cumplir acorde a tal modelo constitucional, que no es otro que servir a los intereses sociales que legitiman toda la actuación de la institucionalidad democrática del país.“En el presente caso, que un alto funcionario público posea un bien mueble que no tendría cómo haberlo pagado con el sueldo que recibe por el desempeño del cargo público de parte del Estado, la adecuación típica a hechos criminales noticiosos no puede ser vista desde una estricta formalidad, sino en mérito a criterios de materialidad que permitan una correcta subsunción típica, para así alcanzar una justicia que exige una sociedad democrática de derecho”.Es sabido que, por la forma como se plantea el juicio de adecuación típica en los delitos funcionariales —especiales propios—, los hechos contenidos en la “noticia criminal” deben calzar a los alcances normativos del tipo penal en particular, considerando, primero, la cualidad de los actores protagonistas del evento criminal; segundo, la relación funcional existente entre el sujeto público y el objeto material delito (caudales o efectos); y tercero, la singular forma de materialidad delictiva (delitos de peligro o de mera actividad, basado en la naturaleza institucional del bien jurídico tutelado por la ley penal). Hemos de enfatizar que se requiere que la descripción fáctica que sostiene la imputación jurídico-penal describa claramente cada uno de los elementos constitutivos de la figura delictiva atribuida al imputado, según las evidencias que se tengan a la vista; de manera que se proscribe una imputación imprecisa, genérica, vaga o capciosa, que no cumple con los presupuestos mínimos que garanticen que el justiciable sepa con toda exactitud qué es lo que se le imputa, lo que no se satisface con una mera enumeración de los artículos del Código Penal, sino que debe darse respuesta de por qué los hechos serían subsumibles al delito formulado por el denunciante, que son recogidos por el representante del Ministerio Público o instaurada la misma de “oficio” (principio de imputación necesaria).Así, debe entenderse que el proceso de subsunción típica ha de tomar lugar de manera muy escrupulosa; aunque se trate de un nivel provisorio —a nivel de las primeras diligencias investigativas—, no es menos cierto que en dicho estadio se pueden plantear figuras delictivas (en grado de concurso delictivo o de apariencia delictiva) que no tengan a todos los actores involucrados1 debidamente identificados o, dígase, individualizados, atendiendo a las finalidades establecidas en la ley procesal penal; así, es de verse que cuando se trata la posesión de bienes muebles de alto valor pecuniario (relojes de alta gama), hay que indagar si esta puede ser una dádiva, promesa o prebenda entregada por un tercero para que este alto funcionario público realice un acto propio del cargo o en violación de sus obligados funcionales, con arreglo a la estructuración típica de los delitos de cohecho. Esto es, solo visto tal relato fáctico o desde una presunta o probable “unilateralidad delictiva”, nos lleva a la adecuación típica de los hechos al delito de enriquecimiento ilícito y, de manera complementaria, con el tipo penal de omisión de declaraciones en documento (arts. 393 y ss. del CP), esto es, que no pueda ser probado el delito de especificidad funcional como peculado, cohecho, etc. (Zarazo Oviedo, 1993, p. 58), que en términos de la ley procesal penal pueda el representante del Ministerio Público postular como tipo penal residual el enriquecimiento ilícito en su requerimiento acusatorio (art. 349 del CPP), por lo que el persecutor público no tiene por qué abdicar en su función de averiguar todos aquellos ilícitos penales en los cuales pueda haber incurrido el o los agentes públicos.En el presente caso, que un alto funcionario público posea un bien mueble que no tendría cómo haberlo pagado con el sueldo que recibe por el desempeño del cargo público de parte del Estado, la adecuación típica a hechos criminales noticiosos no puede ser vista desde una estricta formalidad, sino en mérito a criterios de materialidad que permitan una correcta subsunción típica, para así alcanzar una justicia que exige una sociedad democrática de derechoSiendo que, conforme lo ha dejado establecido la Corte Suprema en el AP N.° 3-2016/CJ-116, el delito de enriquecimiento ilícito es de aplicación subsidiaria, o dígase residual, cuando no pueda ser probado el delito de especificidad funcional como: peculado, cohecho, etc. (Zarazo Oviedo, 1993, p. 58), que, en términos de la ley procesal penal, pueda el representante del Ministerio Público postular como tipo penal residual el enriquecimiento ilícito en su requerimiento acusatorio (art. 349 del CPP). De ahí que somos del parecer que la primera labor del investigador es buscar las evidencias que puedan dar cuenta del delito que en específico pueda haberse cometido de parte del alto funcionario público, en cuanto actos de bilateralidad con un tercero, que, de ser este otro funcionario público que le entregó al otro el objeto material del delito (“dádiva”), estaríamos ante un posible cohecho pasivo (propio o impropio) de parte del primero de los acotados y el otro sujeto público tendría que responder por el delito de cohecho activo.La fórmula normativa-típica descrita dependerá de si el alto(a) funcionario del Estado era funcionalmente competente para tomar una decisión funcional a favor del otro funcionario, pues si es otro sujeto público al cual este o esta hace el puente para que este adopte una decisión funcional a favor del interesado, será aplicable el delito de tráfico de influencias, al ser el alto funcionario público un puente entre el funcionario público funcionalmente competente y el funcionario público “interesado”. Ha de verse en el caso de que sea un particular quien entrega la dádiva que, si bien también al existir la bilateralidad en el concierto de voluntades puede dar cuenta de la imputación por los delito de cohecho, no es menos cierto que si ese particular no busca beneficio alguno por la entrega bien, solo congraciarse con el alto funcionario público, podría configurarse el delito de lavado de activos, siempre que este haya sido adquirido mediante una fuente de origen ilícito y que quien la recibe sabe de esta ilegal procedencia o poder presumir tal maculado origen del objeto material del delito. Es de verse que el acto de influir sobre una autoridad o funcionario representa el núcleo de la conducta incriminada por la gravedad de las formas específicas en que se lleva a cabo el ejercicio de influencia sobre la actividad funcionarial (Polaino Navarrete, 1997, p. 391)2. Por otro lado, el bien jurídico que se tutela en ambas figuras criminosas es el mismo: la imparcialidad, objetividad y la legalidad de la actuación pública, toda vez que se intenta influir en la toma de decisiones de los funcionarios públicos para que resuelvan de espaldas a los intereses públicos (Orts Berenguer, 2010, p. 928)3, donde la anticipación de la barrera de intervención en el caso de tráfico de influencias es más que evidente.Lo otro, si la conducta del sujeto público —altamente cualificado— es la de recibir dinero, capitales y otros, de otro funcionario público involucrado en un delito funcional que le ha generado rentabilidad económica, y ya se agotó en su perfección delictiva, la conducta que despliegue el primero ya no será accesoria, sino autónoma, y deberá ser considerada como un delito diferente, que bien puede ser el de lavado de activos. La ejecutoria suprema contenida en el R. N. N.° 1051-2011 Lima, de 7 de diciembre del 2011, señala lo siguiente:La participación del extraneus o del tercero que se presente con posterioridad a los hechos descritos y que constituyan concretamente actos de ocultación del patrimonio ilícito del agente especial —cuando se coloquen como propietarios de bienes muebles o inmuebles provenientes del delito de enriquecimiento ilícito de un funcionario o servidor público— no constituyen actos de complicidad o colaboración para la ejecución del delito examinado, pues este ya se consumó. (Saucedo Barahona, 2018, p. 147)4Es así que en el presente caso el alto funcionario público es el o la que recibe el bien mueble.En el caso del delito de lavado de activos, hemos de señalar que su penalización se enmarca en una política criminal particular, en el sentido de que su tipificación penal en la codificación punitiva responde a una necesidad esencialmente preventiva y sancionadora a la vez, de cerrar el circuito delictivo de aquellas actividades típicamente lesivas para los bienes jurídicos individuales y colectivos, en cuanto a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, proxenetismo y otras figuras delictivas graves que reportan ingentes sumas de dinero a sus agentes. Bajo tal entendimiento, lo que se pretende con la presente acriminación es identificar las diversas formas en que se oculta y encubre las ganancias económicas de estas actividades delictivas, y así la reacción punitiva ha de recaer no sobre los autores del delito “precedente”, sino sobre aquellos que participan de forma posterior a la consumación de dicho hecho punible, los que intervienen en los actos de ocultamiento y/o de encubrimiento del “verdadero origen de los bienes”, esto es, revistiendo de un supuesto ropaje de licitud, las ganancias, dineros y utilidades del delito precedente, lo que se denomina “blanqueo de dinero”. Lo que es objeto de penalización no son los presuntos actos de enriquecimiento indebido de quienes se encargan de ocultar y encubrir los bienes provenientes de la comisión de un delito precedente, sino que el desvalor de esta conducta antijurídica se sostiene en el acto posterior a la perpetración del delito precedente, en cuanto a dar una apariencia de licitud aquello que en verdad tiene un origen delictivo: la procedencia del dinero o de los bienes, siempre que dicho agente conozca o presuma conocer dicha procedencia, conforme los términos normativos (subjetivos), que se desprenden del tenor literal del D. Leg. N.° 1106, conforme sus respectivos articulados. Toda actividad criminal, se desee o no, arranca con la comisión del hecho punible precedente, y que ya con la colocación de la productividad generada procede a perturbar las líneas matrices de una economía social de mercado, enturbiándolo y distorsionando sus variables de lineamientos económicos propios del Estado social y democrático de derecho. De ahí que no descartemos que su punición se oriente al fortalecimiento de la protección de los bienes jurídicos afectados por el delito precedente; en todo caso, para evitar caer en espacios de impunidad.Se tiene que en esta figura delictiva, el agente del delito “precedente” se conecta con un sujeto que no ha participado en dicho hecho punible para que este último oculte la verdadera naturaleza de los bienes, en tanto la titularidad dominical de los bienes por parte del primero abre una sospecha evidente sobre su procedencia, que quiere evitarse con la intervención del lavador del dinero, de todo aquel cuya actuación se encamina a legitimar las ganancias ilícitas del delito “precedente”, mediante su colocación en el sistema económico a partir de una serie de actividades comerciales, bursátiles, inmobiliarias como sería también la traslación posesoria de bienes muebles de alto valor en el mercado, como es un reloj Rolex.En resumidas cuentas, en las investigaciones a un alto funcionario público, el persecutor público, en aras de obtener una verdadera justicia, ha de buscar la bilateralidad delictiva y no la unilateralidad delictiva, pues bajo esta última propuesta, en el caso de delitos funcionales el alto funcionario público solo respondería por delito de enriquecimiento ilícito, mientras bajo el primer planteamiento, ante las figuras de cohecho y el tráfico de influencias podrá involucrar a terceros (funcionarios o particulares) ante delitos marcados por el concierto de voluntades y ello al margen de que, en casos como el propuesto, pueda darse el tipo penal de lavado de activos.
Por Alonso R. Peña Cabrera Freyre
[pp. 5-8]|
118 / PRESENTACIÓN

Presentación

118 / COLUMNA DEL MES

Comentario a la Ley N.° 31990

Por José Domingo Pérez Gómez - [pp. 9-10]
118 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

Modificaciones al proceso de colaboración eficaz

Por Jorge W. Chávez Cotrina - [pp. 19-36]
118 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

El proceso de colaboración eficaz y las modificaciones introducidas por la Ley N.º 31990

Por Jorge Pérez López - [pp. 37-59]
118 / DERECHO PENAL PARTE GENERAL / DOCTRINA PRÁCTICA

El concurso de leyes

Por Abelardo Capquequi Mamani - [pp. 63-81]
118 / DERECHO PENAL PARTE GENERAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La imputación de la infracción disciplinaria del representante del Ministerio Público

Por Marco Antonio Carrasco Campos y Joseline Adali Castro Escate - [pp. 83-94]
118 / DERECHO PENAL PARTE GENERAL / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

Complicidad primaria en el delito de violación sexual: ¿observador tiene el deber de evitar el crimen?

118 / DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La vinculación funcional en el derecho penal peruano

Por Carlos Francisco Espinoza Cordero - [pp. 105-130]
118 / DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

Encubrimiento personal: Corte Suprema explica sus modalidades

118 / DERECHO PROCESAL PENAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La inaplicabilidad del principio de oportunidad en los delitos de agresiones en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar - violencia física y psicológica (artículo 122-B del Código Penal)

Por Linda Prisscilla Bolívar de la Cruz - [pp. 145-158]
118 / DERECHO PROCESAL PENAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La suspensión preventiva de derechos: definición, naturaleza, reiteración delictiva y posibilidad de prolongación

Por Enrique Orlando Cubillas Boy - [pp. 159-177]
118 / DERECHO PROCESAL PENAL / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

Prolongación de la prisión preventiva: ¿en qué consisten las “circunstancias de especial dificultad”?

118 / DERECHO PENAL PROBATORIO / COMENTARIO

La afectación psicológica (cognitiva-conductual), su implicancia normativa

Por Mg. Ronald Cristian Reymundo Prieto - [pp. 197-209]
118 / DERECHO PENAL PROBATORIO / COMENTARIO

El informe fundamentado como prueba preconstituida para reforzar la sentencia efectiva en los delitos ambientales

Por Galileo Galilei Mendoza Calderón - [pp. 211-222]
118 / POLÍTICA CRIMINAL CRIMINOLOGÍA / DOCTRINA PRÁCTICA

Violencia contra la mujer desde un enfoque interseccional en la legislación peruana

Por Carmen Jheniffer Larcón Goicochea - [pp. 225-253]
118 / ACTUALIDAD LEGAL Y JURISPRUDENCIAL / Resumen Legislativo Y Jurisprudencial Del Mes

RESUMEN LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL DESDE EL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2024

118 / JURISPRUDENCIA SELECTA

los contextos del delito de feminicidio

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