El Especial del mes del número 119 de Actualidad Penal se titula: “El secreto profesional del abogado aspirante a colaborador eficaz”.

En nuestro Especial del mes, Iván Pedro Guevara Vásquez reflexiona sobre los límites e interrelaciones entre el derecho al secreto profesional y la institución del procedimiento de colaboración eficaz; César A. Delgado Castro desarrolla los derechos y, sobre todo, los deberes del abogado defensor, y explica en qué caso puede ser colaborador eficaz; y E. Pelayo Beteta Amancio examina los supuestos en los que un abogado puede revelar información que le fue confiada por su patrocinado.

En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Hugo Favián Apaza Mamani analiza la delegación de funciones como criterio de imputación penal, desde la configuración de las posiciones de garantía que se generan hasta la
determinación del título de intervención delictiva.

En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Royer Edison Vega
Vásquez destaca la importancia de considerar como bien jurídico protegido por el tipo penal de usurpación a la posesión legítima para evitar situaciones de posesión espuria y favorecer los medios para solucionar conflictos.

En la sección de Derecho Procesal Penal, Juan Alonso Solano Calderón esclarece el defecto de ambigüedad en la regulación normativa sobre la ejecución de las sentencias condenatorias causado por la utilización del término de comprensión múltiple “prisión preventiva”. A su vez, Carlos Alfredo Escobar Antezano, Diego Alonso Noronha Val y William Ricardo Rios Pablo identifican los principales problemas y necesidades del proceso de liquidación de los procesos tramitados con el Código de
Procedimientos Penales de 1939. Por su parte, Raúl Martínez Gonzáles propone integrar al Reniec en el Sistema de Requisitorias Electrónicas, a fin de capturar a los procesados con orden de captura vigente cuando renueven su documento nacional de identidad.

En el apartado de Derecho Probatorio, Diana Verónica Blancas Nuñez exhorta a la aplicación de la doctrina de las zonas oscuras y zonas abiertas en la
valoración de la prueba personal en segunda instancia, a fin de cautelar los principios de inmediación, contradicción y defensa. Por su parte, Javier Julio Chaupín Dávila analiza el proceso de evolución cuantitativa y cualitativa por el que discurre el elemento probatorio durante las etapas del proceso en el sistema procesal penal peruano.

En el apartado de Derecho Penal Constitucional, Rolando Agramonte Ramos defiende la posibilidad legal, vía interpretación histórica, sistemática y teleológica de las leyes penales, nacionales e internacionales, de considerar a los militantes del Sendero Luminoso como sujetos de imputación de crímenes de lesa humanidad y de aplicarles directamente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998.

Derecho Penal General

— Recurso de Nulidad N.° 175-2023 Lima, donde se dilucida si la contumacia está incluida en el término “otro procedimiento” del art. 84 del CP.

Derecho Penal Especial

— Casación N.° 3110-2022 Cusco, que trata de la prueba de la concertación en el delito de colusión.

— Cas. N.° 1173-2022 Lima, que explica cómo se configura la modalidad de uso de documento falso en el delito de falsificación de documentos.

Derecho Procesal Penal

— Apelación N.° 38-2024 Ayacucho, que señala que no cabe hacer distinción entre calidades de arraigo.

Derecho Probatorio

— Expediente N.° 04554-2023-PHC/TC Apurímac, que indica el método a seguir en la prueba por indicios.

Derecho Penal Constitucional

— Cas. N.° 2669-2021 Ica, que señala que extraer información de teléfono celular sin autorización judicial en actos de averiguación no vulnera el derecho a la intimidad.

Jurisprudencia Selecta

En esta oportunidad, presentamos una serie de pronunciamientos relevantes en torno al derecho al secreto profesional:

— Expediente 7811-2005-PA/TC Cañete, que explica quiénes y en qué situaciones pueden invocar el derecho al secreto profesional, y qué debe entenderse por “secreto” a efectos de su protección.

— Expediente N.° 804-2001-AA/TC La Libertad, que reconoce como excepciones al secreto profesional las situaciones en las que está en riesgo el derecho a la vida.

— Casación N.° 272-2016 Tacna, que aborda el conflicto entre el derecho al secreto profesional y el derecho a la obtención de la prueba, y afirma la prevalencia del primero.

Una vez más queremos agradecer a nuestros suscriptores por su preferencia y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza.

Lima, mayo del 2024