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Edición 119

Mayo 2024

119 / COLUMNA DEL MES

Una reflexión sobre la muerte digna: caso Ana Estrada, hacia la despenalización del homicidio consentido

No existe orden jurídico que no reconozca a la vida humana como sustrato esencial, tanto de la propia persona como de la sociedad en su conjunto, estemos o no ante modelos estatales de mínimos rasgos “democráticos”. Esta vocación humanista se patentiza, primero, cuando la vida del ser humano se constituye en una proclama garantista de todas las cartas políticas del orbe; y segundo, cuando esta declaración principista adquiere plasmación normativa al empezar los catálogos punitivos la descripción típica de la parte especial del Código Penal con la tutela de la vida humana, que toma lugar con las figuras delictivas de los delitos de homicidio y sus derivados. Un bien jurídico que en los últimos tiempos se ve notoriamente devaluado, no porque el ordenamiento legal así lo determine, sino por la desgarradora descripción criminológica que atraviesan nuestras sociedades, donde los homicidios y asesinatos son habituales, propio de estas estructuras criminales que operan en el país, cuyos integrantes muestran, con su accionar, un temerario desprecio hacia la vida humana.Bajo tal entendimiento es que se postula que la protección de la vida humana de parte de todo el ordenamiento jurídico sería “absoluta”, por lo que no habría excepciones a dicha regla. Como lo hemos sostenido en diversos estudios sobre la materia, ni siquiera el Estado tiene el derecho de eliminar a un ser humano. La pena de muerte no está vigente en nuestra realidad normativa, por más que la Constitución Política la recoja en uno de sus preceptos1, al margen de lo que significa la legítima defensa y el cumplimiento del deber, como manifestaciones de causas de justificación2.Sin embargo, no puede dejarse de lado que puede haber situaciones en que la vida se convierta en un verdadero suplicio, en un martirio, en un viacrucis para el ser humano; en principio, estas situaciones suelen ser provocadas por graves enfermedades que, de manera inmediata o progresiva, van generando fuertes estragos en el organismo de la persona, no solo provocando dolores incontenibles, sino también limitando su libre y normal locomoción. Ciertas enfermedades repercuten en las funciones neurológicas del individuo, afectando movimientos fisiológicos fundamentales para poder realizar actividades usuales y cotidianas por propia voluntad. Así, pierde la autonomía que toda persona posee para su autorrealización, pues queda bajo la custodia de un tercero. Estos padecimientos fisiológicos, orgánicos y estructurales provocan, a su vez, graves afectaciones emocionales (psico-cognitivos) que a la postre llevan a quien la padece a una fuerte depresión, por lo que lo único que le pasa por la cabeza (si es que aún guarda discernimiento) es cómo acabar con dicho sufrimiento; y para ello no existe otra opción que la “muerte”. A tal efecto, o esta persona decide por su autoeliminación, o busca que otro lo elimine; en el primer caso, se llama “suicidio”3 y, en el segundo, se denomina “homicidio a ruego”4 en términos legales de nuestra codificación punitiva. Según la primera conducta, es la propia acción de la persona la que provoca su muerte, por lo general de forma violenta (dispararse a la cabeza o lanzarse al vacío); la segunda puede ser muy distinta, como desconectar un aparato que permite la respiración artificial del paciente o simplemente inyectarle una sustancia letal.Ante el drama que padecen dichas personas en la búsqueda de la muerte digna, es que ya tiempo atrás se postula la necesidad de que legislativamente se despenalice el homicidio a ruego, o dígase la eutanasia, lo cual ha cobrado realidad legislativa en varios países de Europa y Latinoamérica, como España, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, Colombia, etc. Estamos ante un proceso político-criminal internacional muy espinoso y conflictual, en la medida que siempre habrá diversas tribunas que se oponen a la despenalización de la eutanasia, desde consideraciones morales, religiosas, etc. Al momento de tomar decisiones político-legislativas de tal calibre, hay que despojarse de sesgos y dogmas. El analista debe ponerse en el lugar del enfermo.Siendo esto así, el camino sería la reforma de la ley penal o una sentencia del máximo intérprete de la constitucionalidad normativa en el país en una demanda de inconstitucionalidad contra el art. 112 del CP. Pero mientras tanto las personas de carne y hueso requieren y demandan de una respuesta inmediata ante el sufrimiento que padecen producto de graves enfermedades, y este es el caso de Ana Estrada, que, en un caso sin precedentes en el país, accedió a la muerte digna el domingo 21 de abril del 2024, luego de un tortuoso proceso judicial de acción de amparo que inició años atrás en plena pandemia. La Defensoría del Pueblo, en su momento, fue notificada de la decisión de la Corte Suprema de aprobar, en parte, el fallo que reconoce el derecho fundamental de Ana Estrada a una muerte en condiciones de dignidad. Según dicha resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, el juez supremo dirimente Augusto Ruidias Farfán se sumó a los tres votos a favor del referido fallo. Faltaba en todo caso el protocolo médico a aplicar para dar grado de ejecución a la referida sentencia.No perdamos de vista que, conforme lo establecido en la Carta Política (art. 200.2), el proceso de amparo tiene por finalidad proteger los derechos fundamentales no protegidos por el hábeas corpus, el hábeas data o el proceso de cumplimiento. Esto es, su radio de acción gravita en la protección legal y constitucional de todos aquellos derechos fundamentales (“humanos”), cualesquiera menos la libertad personal de todo ciudadano, pues en estos casos lo que ha de incorporarse es un proceso constitucional de hábeas corpus. Entonces, como todo proceso constitucional, su activación procede cuando se requiere con urgencia de una inmediata tutela jurídica y legal.En este contexto, aparece la urgente tutela constitucional de la llamada “muerte digna”, que es invocada en este proceso de “amparo” entendida como una posible despenalización por parte del Congreso de la República del homicidio consentido o una demanda de inconstitucionalidad que fuese declarada fundada por parte del Tribunal Constitucional. Por tanto, estamos ante un amparo jurisdiccional orientado a declarar inaplicable elart. 112 del CP, en este caso en particular, a los galenos autorizados a dar la muerte clínica de Ana Estrada; es decir, la resolución jurisdiccional que la amparó no tiene efectos erga omnes.El epílogo de esta cruda historia es que Ana Estrada, quien padecía de polimiositis desde los 12 años, accedió al procedimiento médico de eutanasia luego de obtener una sentencia favorable de la Corte Suprema del Perú. Así lo confirmó su abogada, Josefina Miró Quesada, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. En el oficio se señala que el pasado domingo 21 de abril Ana Estrada se acogió al procedimiento médico de eutanasia, el cual se realizó conforme a un protocolo aislado aprobado previamente por el Seguro Social de Salud (EsSalud), en el marco de la sentencia a su favor emitida el 23 de febrero del 2021 y ratificada por la Corte Suprema el 14 y 27 de julio del 2022.Hay algo que debemos tener bien en claro, solo nosotros mismos somos dueños de nuestra vida, nadie más, ni el Estado ni la sociedad, con el matiz que ello supone en el caso de infantes y de personas inimputables. Por tanto, como lo hemos sostenido de manera reiterada, nadie nos preguntó si queríamos o no venir a este mundo, mas está en cada uno decidir si queremos seguir o no viviendo.Así pues, al margen de no estar muy de acuerdo con el proceso constitucional utilizado (acción de amparo), estamos completamente seguros de que, si bien nuestro ordenamiento jurídico parte de una protección absoluta de la vida humana, no es menos cierto que desde el mismo texto ius fundamental existe el derecho a una vida digna y, por tanto, a una muerte “digna”. Esto implica la necesidad de tomar la decisión político-criminal de despenalizar la eutanasia en el Perú, lo que encumbraría a un primer nivel la dignidad humana, como pilar y cimiento de todo el edificio normativo, desde bases principialistas y, a la vez, garantistas.Para tal propósito, debemos despojarnos de todo sesgo ideológico, político, moral o religioso, dando primacía a la autonomía de la libertad, que ha sido uno de los argumentos en la legislación penal comparada para la despenalización del homicidio consentido. Ya es hora, por tanto, de poner lustre normativo a la decisión de la judicatura en el país de no aplicar el art. 112 del CP a los médicos que emplean métodos clínicos para la muerte asistida y voluntaria.
Por Alonso R. Peña Cabrera Freyre
[pp. 5-7]|
119 / PRESENTACIÓN

Presentación

119 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

Los límites entre el secreto profesional y la colaboración eficaz y una búsqueda de prueba prohibida

Por Iván Pedro Guevara Vásquez - [pp. 17-26]
119 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

La colaboración eficaz y el testimonio protegido del abogado defensor como manifestación de su derecho a la defensa frente al deber del secreto profesional: ¿dilema o conflicto de interés?

Por César A. Delgado Castro - [pp. 27-38]
119 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

Secreto profesional y colaboración eficaz

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119 / DERECHO PENAL PARTE GENERAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La delegación de funciones como criterio de imputación penal

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119 / DERECHO PENAL PARTE GENERAL / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

Suspensión de la prescripción de la acción penal: la contumacia no está incluida en el término “otro procedimiento” del art. 84 del CP

119 / DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL / DOCTRINA PRÁCTICA

El bien jurídico en el delito de usurpación: definición de la posesión pacífica

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119 / DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

¿Cómo se prueba la concertación en el delito de colusión?

119 / DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

El término “uso” en el delito de falsificación de documentos

119 / DERECHO PROCESAL CIVIL / Doctrina Práctica

Un problema de ambigüedad: ¿prisión preventiva o ejecución provisional de la pena en el art. 399.5 del Código Procesal Penal?

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119 / DERECHO PROCESAL PENAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La labor de las salas de liquidación judicial como expresión obligatoria de eficiencia en la administración de justicia penal y la necesidad de acelerarla

Por Diego Alonso Noronha Val y Carlos Alfredo Escobar Antezano y William Ricardo Ríos Pablo - [pp. 185-200]
119 / DERECHO PROCESAL PENAL / DOCTRINA PRÁCTICA

Efectividad de órdenes de captura en la renovación del documento nacional de identidad

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119 / DERECHO PROCESAL PENAL / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

Prisión preventiva: no hay distinción entre calidades de arraigo

119 / DERECHO PENAL PROBATORIO / COMENTARIO

La valoración de la prueba en segunda instancia

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119 / DERECHO PENAL PROBATORIO / COMENTARIO

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119 / DERECHO PENAL PROBATORIO / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

¿Cuál es el método a seguir en la prueba por indicios?

119 / DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL / Doctrina Práctica

Los crímenes de lesa humanidad en el sendero de “Sendero Luminoso”

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119 / DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL / Reseña De Jurisprudencia

¿Se vulnera el derecho a la intimidad al extraer material audiovisual del celular del imputado sin autorización judicial?

119 / ACTUALIDAD LEGAL Y JURISPRUDENCIAL / Resumen Legislativo Y Jurisprudencial Del Mes

RESUMEN LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL DESDE EL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2024

119 / JURISPRUDENCIA SELECTA

El secreto profesional y su conflicto con otros derechos

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