El principio de objetividad en la actuación fiscal

El Tribunal Constitucional señala que para el principio de objetividad “es posible extender mutatis mutandis lo señalado sobre la imparcialidad judicial, sin que ello implique desconocer las diferencias ya explicadas” (Exp. N.º 04382-2023-PA/TC, 11 de julio del 2024, f. j. n.º 16). A ello, cabe añadir el parámetro desarrollado por el Comité de Derechos Humanos en su Observación General 32: “En primer lugar, los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicio personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra”. Volver

Confróntese ello con los proyectos de ley del Congreso de la República que pretenden despojar a la Fiscalía de la conducción investigativa, consagrada en el art. 159 de la Constitución. Volver

En la Instrucción General N.° 1-2018-MP-FN (“Lineamientos para la gestión de denuncias y casos”), normativamente se previó la posibilidad de realizar actuaciones previas a la calificación de una denuncia, y se aclaró que esta última no solo incluye a la denuncia de parte que pudiera presentar cualquier persona, sino también las comunicaciones o noticias de interés penal. Volver

Del mismo modo, el art. 61.2 del CPP establece que el fiscal, en el curso de la investigación preparatoria, “practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no solo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado”. En el derecho comparado, países como Chile adoptan esta posición normativa, concretamente en el art. 80-A de la Constitución y en el art. 77.1 del CPP chilenos, al establecer que, en el ejercicio de la acción penal pública, los fiscales actuaran con estricta sujeción al principio de objetividad consagrado en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Volver

“La decisión de realizar indagación previa para decidir si se inicia o no una investigación preliminar, brinda mayores garantías para el ciudadano, puesto que el mismo no queda sujeto a que con la sola noticia criminal se le instaure un proceso penal, incluso en la fase de investigación preliminar que es parte de la investigación preparatoria; sino que se exigirá que la noticia criminal reúna o que con ella concurran datos o hechos que permitan alcanzar por lo menos el nivel de sospecha mínimo que ha sido calificado como la sospecha inicial simple, lo que precisamente legitima la indagación previa, máxime si su actuación significaría contar con una narración circunstanciada y detallada de los hechos imputados que permitirían conocer al preliminarmente investigado, con un mayor nivel de detalle, los cargos imputados a efectos de que pueda plantearse la estrategia de defensa que considere pertinente” (Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Exp. N.° 00022-2022-1-5001-JS-PE-01, 19 de agosto del 2022, f. j. n.º 7.15). Para poder llegar así al nivel cognoscitivo probático de la “sospecha simple” (Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017, 11 de octubre del 2017). Volver

El término correcto sería “investigado” o ya desde un plano formal de atribución delictiva “imputado”. Volver

Concurrencia de los factores que determina la existencia de un injusto penal punible. Volver

No existen suficientes elementos de convicción que puedan dar probática a la materialidad del delito o a la responsabilidad penal del imputado. Volver

Podría incurrir en el delito de prevaricato o de abuso de autoridad, sin perjuicio de estar incurso en una grave inconducta funcional. Volver

Esta tesis es acogida positivamente en el Código Procesal Penal, específicamente en el art. 405.1.a, que faculta al Ministerio Público a recurrir incluso a favor del imputado. Volver

Véase la reforma introducida por la Ley N.° 32108 tanto en lo que respecta al art. 317 del CP como al art. 2 de la Ley N.° 30077. Volver

Términos funcionalistas. Volver

Fines de la pena: prevención general positiva. Volver