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Edición 123

Septiembre 2024

123 / COLUMNA DEL MES

Corrupción y justicia penal preferente

Nadie puede estar en contra de implementar cualquier medida novedosa y decorosa conducente a mejorar el sistema de justicia en nuestro país. Hablamos de optimizar al máximo y perfeccionar el funcionamiento y operatividad de nuestras sedes y cortes judiciales, sobre todo considerando la demanda cada vez más creciente que tiene la administración de justicia, ante la proliferación de la delincuencia común, la inseguridad ciudadana y la aparición de delitos cada vez más complejos. Zona VIP para la justicia. Se trata de la reciente inauguración de una amplia y decorada sede judicial en el penal de Barbadillo, la cual dispone de una tecnología de última generación y está dotada de todas las condiciones y requerimientos necesarios para que la justicia se ajuste a los nuevos desafíos que ahora enfrenta. Lo cuestionable es que esta sala judicial es exclusiva para funcionarios de alto nivel que han delinquido, como si fueran sujetos que presentan diferencias sustanciales con la delincuencia común que atiborra nuestros centros carcelarios, de la que se busca distanciarlos. Se trata de una sede judicial envidiable en comparación con otras que operan en los penales de nuestro país, donde se juzga a delincuentes que no tienen esta categoría legal. Hablamos de exmandatarios, excongresistas, exministros y toda una gama de funcionarios selectos que gozan y disfrutan de prerrogativas que contrastan con las de otros justiciables. Esto incluye la defensa legal que les proporciona el Estado, que muchas veces es solventada con cuantiosas cifras. Funcionarios ejemplares. Nos referimos a una amplia gama de funcionarios del más alto nivel que, en realidad, deberían ser los primeros en dar el ejemplo y demostrar un comportamiento idóneo en una nación saturada de corrupción e impunidad. Pero, en lugar de ello, estos funcionarios, abusiva e inescrupulosamente, aprovecharon de su cargo para defraudar la confianza del pueblo que los eligió y que, para nuestra propia desgracia nacional, permitió que tuvieran la condición de funcionarios favorecidos. Este fenómeno de corrupción pública e impunidad a los más altos niveles de gobernabilidad pone en tela de juicio no solo el Estado de derecho como parámetro de mutua y sana convivencia, sino también a la democracia como sistema de gobierno. Justicia diferenciable. El trasfondo de la presente crítica respecto a la implementación de una sede judicial de mencionadas características en una nación en la que es particularmente frecuente la corrupción política en las altas esferas de la gobernabilidad y el poder denota que no todos somos iguales frente a la ley y la justicia penal ordinaria. La rehabilitación del delincuente que tanto se preconiza y nadie la logra no es otra cosa que un mito que solo tiene validez y aplicabilidad para las clases sociales más desfavorecidas, que son por lo general las que saturan nuestros centros carcelarios en las condiciones que son ampliamente conocidas. Para los delincuentes comunes, que se supone son los que más miedo o zozobra suscitan, debe caer todo el peso de la ley, para lo cual el sistema de justicia debe actuar con la mayor severidad posible, imponiendo sanciones ejemplares, haciendo las condiciones judiciales lo más aflictivas, indecorosas y penosas posibles, para de esa forma dar un ejemplo a la sociedad de que se esta haciendo justicia. Mientras que a los delincuentes de alta gama, estirpe o, como también se les denomina, de cuello blanco hay que brindarles todas las comodidades y facilidades posibles para evitarles las agudas incomodidades crónicas que implica tener que enfrentar la justicia penal por los graves delitos que cometieron. Si no es así, habría que preguntarles a los que han tenido que asistir a una audiencia judicial o a un juicio penal en centros carcelarios como Sarita Colonia, Lurigancho, Castro Castro, Piedras Gordas y otros en condiciones aún más deplorables y lastimosas que se encuentran diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional. Ejemplo al revés. No preconizo el sufrimiento, la aflicción, el castigo o cualquier otra patología ideada que puede afectar y hacer sufrir al género humano cuando se trata de la comisión de cualquier delito, pero se requiere algo de mesura ante la opinión pública para, por un lado, aseverar que es lamentable que se tenga que juzgar a exmandatarios por delitos graves de corrupción y otros hechos, y, por otro lado, en la misma ceremonia de inauguración se haga alarde de que se está cumpliendo con las expectativas judiciales, como si se tratara de dos mundos que viven distintas realidades. En efecto, debería suceder todo al revés o al contrario, proporcionando y aplicando a cada delincuente lo que corresponde y dispone la ley en términos de igualdad y equidad, con mayor razón, no solo porque media la corrupción como fenómeno criminal y moral de alta envergadura que afecta a todos por igual, sino porque acciones de esta índole —crear una sala de justicia excepcional para funcionarios corruptos de alta estirpe— denotan una forma sublimizada o, mejor dicho, encubierta de impunidad a través de la implementación de medidas que hacen menos gravosas para cualquiera su tránsito por la justicia penal en nuestro país. Una forma de prevenir y luchar contra la corrupción es justamente aplicar la ley en igualdad de condiciones. Hablamos de una actitud estatal que debería ser en realidad diferente, aleccionadora y hasta ejemplar frente la ciudadanía como parte de la lucha y la prevención de la corrupción.Corrupción e impunidad. Como sabemos y lo corroboran los hechos más recientes sobre los altos funcionarios de distintos momentos políticos involucrados en casos de gran corrupción —entre exmandatarios, altos funcionarios y otros personajes de similares características—, el drama más relevante que vive la sociedad peruana no es solo la propia corrupción, sino su correlato, la impunidad, como el medio legal más idóneo para evadir las graves responsabilidades penales que corresponden. En otras palabras, la impunidad se manifiesta a través del trato preferencial y selectivo, en la forma tan benevolente como se sancionan los delitos de corrupción en nuestro medio. Este componente ideal sirve para librar o atenuar responsabilidades penales, por parte del mismo Estado, a quienes realmente lo ameritan como una manera soterrada que se materializa en un trato particularmente indulgente. Lima, septiembre del 2024
Por Luis Lamas Puccio
[pp. 7-8]|
123 / PRESENTACIÓN

Presentación

123 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

El deber de objetividad del fiscal: A propósito de la STC 04382-2023-PA/TC Lima

Por José Domingo Pérez Gómez - [pp. 17-26]
123 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

El principio de objetividad en la actuación fiscal

Por Alonso R. Peña Cabrera Freyre - [pp. 27-37]
123 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

La objetividad en la actuación del fiscal y la proscripción de un interés en el resultado de la investigación

Por Giulliana Aracelli Loza Avalos - [pp. 39-48]
123 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

Implicancia de los sesgos cognitivos en el deber de objetividad fiscal

Por Abel Rabanal Carrillo - [pp. 49-59]
123 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

La doctrina jurisprudencial “Oré” y la reivindicación del derecho penal garantista

Por Iván Pedro Guevara Vásquez - [pp. 61-62]
123 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

El principio de objetividad fiscal y el allanamiento a estudios jurídicos: comentarios sobre la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.º 04382-2023-PA/TC (caso Oré Guardia)

Por Daivi Emerson Farfán Sullcahuamán - [pp. 63-76]
123 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

El secreto profesional en la sentencia del Exp. N.º 04382-2023-PA/TC (caso Oré Guardia)

Por Jorge Pérez López - [pp. 77-86]
123 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

La objetividad fiscal y el allanamiento A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 04382-2023-PA/TC

Por Sergio Emerson Chávez Panduro - [pp. 87-90]
123 / DERECHO PENAL PARTE GENERAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La necesidad de regulación del concurso medial de delitos como modalidad de concurso independiente en el Código Penal

Por Yoselin Milén Vergara Castillejo - [pp. 93-108]
123 / DERECHO PENAL PARTE GENERAL / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

Suspensión de la prescripción: informe de indicios de delito tributario como requisito de procedibilidad y posibilidad de apartarse del AP N.º 5-2023

123 / DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL / DOCTRINA PRÁCTICA

Las protestas sociales y el delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte vial

Por Patricia Gallo - [pp. 121-141]
123 / DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

Caso Los Dinámicos del Centro: ¿qué debe entenderse por “mercado ilegal” y “delitos graves” en el delito de organización criminal tras la Ley N.º 32108? (control de convencionalidad)

123 / DERECHO PENAL MILITAR / Doctrina Práctica

La jurisdicción militar-policial y su autonomía frente a la jurisdicción penal ordinaria

Por Leysi Rita Milagros Mendoza Herrera - [pp. 167-191]
123 / DERECHO PROCESAL PENAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio

Por Manuela Rosana Villar Ramírez - [pp. 195-205]
123 / DERECHO PROCESAL PENAL / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

Confesión sincera: no requiere precalificación del Ministerio Público ni puede inferirse de la declaración

123 / PROBATORIO / Doctrina Práctica

Los ingresos de origen desconocido como indicio incriminatorio aun en casos de equilibrio patrimonial

Por Robinson Alonso Jiménez Begazo y Claudia Alarcón Lugo - [pp. 217-236]
123 / PROBATORIO / RESEÑA DE JURISPRUDENCIA

¿Cuál es el estándar de prueba para acreditar el daño indemnizatorio y fijar la reparación civil?

123 / DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL / Doctrina Práctica

La tutela jurisdiccional efectiva de la víctima frente al archivo de la investigación en el Estado constitucional de derecho: algunos problemas de la elevación de actuados al fiscal superior

Por Cristhian Hugo Gutiérrez de la Cruz - [pp. 249-265]
123 / ACTUALIDAD LEGAL Y JURISPRUDENCIAL / Resumen Legislativo Y Jurisprudencial Del Mes

RESUMEN LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

123 / JURISPRUDENCIA SELECTA

Nuevos criterios sobre el arraigo en la prisión preventiva (2022-2024)

Equipo editorialIndizaciónEstadísticas

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