La imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio

[pp. 195-205]

Manuela Rosana Villar Ramírez

Univ.

Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fiscal provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

Sumario

1. Antecedente: el Decreto Legislativo N.º 1104 y la prescripción de la pérdida de dominio.— 2. El tránsito constitucional de la prescriptibilidad de la acción de pérdida de dominio en el Decreto Legislativo N.º 1104 al principio de nulidad en el Decreto Legislativo N.º 1373.— 3. La Ley Modelo sobre Extinción de Dominio y la imprescriptibilidad.— 4. El Decreto Legislativo N.° 1373: límite legal a la propiedad de origen ilícito.— 5. Conclusiones.— 6. Referencias.

Resumen

La autora explica el tránsito de la prescriptibilidad de la acción de pérdida de dominio al principio de nulidad en nuestra legislación con el D. Leg. N.º 1373 y cómo este principio implica la posibilidad de reclamar para el Estado bienes provenientes o que sirvan de instrumento del delito sin límites temporales. Para ello, estudia la naturaleza del proceso de extinción de dominio y el contenido del derecho a la propiedad según la Constitución y el derecho internacional.

Palabras clave: derecho a la propiedad, propiedad de origen ilícito, extinción de dominio, imprescriptibilidad

Fundamento legal: arts. II y 7 del D. Leg. N.º 1373; art. 70 de la Const. Pol; art. 4 de la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio.

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Manuela Rosana Villar Ramírez

La imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio

Número 123 • Septiembre 2024 • pp. 195-205

ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea)

Referencias Bibliográficas

1.
“La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario” (art. 949 del CC). La transferencia de propiedad es consensuada, basta el acuerdo de voluntades para perfeccionarse, por lo que no necesita de su inscripción en el registro civil más que para cumplir fines declarativos y de seguridad en el tráfico jurídico nacional; sin embargo, “aunque se verifique el perfeccionamiento del modo, ninguna persona puede alegar válidamente como título legítimo de propiedad, la comisión de una conducta prevista en la ley como ilícita” (Martínez Sánchez, 2015, p. 11). Volver
1.
En esa lógica, se ha precisado que el ámbito de su aplicación está referido a dos clases de bienes: a) los adquiridos ilícitamente y b) aquellos adquiridos lícitamente, pero instrumentalizados para cometer ilícitos. Volver
2.
“[A]l tener la pérdida de dominio (decomiso fuera del proceso penal) naturaleza y fundamento distinto a la pena privativa de la libertad, no podría invocarse la supuesta afectación al principio de presunción de inocencia; máxime si la declaración de pérdida de dominio no implica de pos si la existencia de responsabilidad penal, sino la constatación de que los bienes del afectado o eventual tercero no han sido adquiridos de conformidad con el ordenamiento jurídico, por ende, no merecen la protección estatal” (Gálvez Villegas, 2018, p. 302). Volver
3.
En esa lógica, se ha precisado que el ámbito de su aplicación está referido a dos clases de bienes: a) los adquiridos ilícitamente y b) aquellos adquiridos lícitamente, pero instrumentalizados para cometer ilícitos. Volver
4.
“2.1. Nulidad: todos los actos que recaigan sobre bienes de origen o destino contrario al ordenamiento jurídico, son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe”. Volver
5.
Complementariamente a los principios establecidos en el art. II del título preliminar del D. Leg. N.º 1373, en el trámite del proceso de extinción de dominio se observan los siguientes principios: principio de nulidad, de dominio de los bienes, de aplicación en el tiempo, de cosa juzgada. Volver
6.
“Artículo 7. [...] 7.1. Son presupuestos de procedencia del proceso de extinción de dominio, los siguientes: a) cuando se trate de bienes que constituyan objeto, instrumento, efectos o ganancias de la comisión de actividades ilícitas, salvo que por ley deban ser destruidos o no sean susceptibles de valoración patrimonial”. Volver
7.
“Artículo 70. El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio”. Volver
8.
“[E]sa intemporalidad de la extinción es consecuente con la doctrina dominante de los derechos reales, a la luz de la cual estos se adquieren solo en la medida que medie el título y el modo previsto por la ley. En el caso de los bienes de origen ilícito, el individuo carece de un justo título que lo legitime a adquirir el derecho de dominio, pues, aunque se verifique el perfeccionamiento del modo, ninguna persona puede alegar válidamente como título legítimo de propiedad, la comisión de una conducta prevista en la ley como ilícita” (Martínez Sánchez, 2015, p. 11). Volver
6.
“3.10. Extinción de dominio: consecuencia jurídico patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos o ganancias de actividades ilícitas, mediante sentencia emitida respetando el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido o terceros” (D. Leg. N.º 1373). “Articulo 2. Concepto. La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna. La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real en cuanto se dirige contra bienes, y se declara a través de un procedimiento autónomo, e independiente de cualquier otro juicio o proceso” (Ley Modelo sobre Extinción de Dominio). Volver
7.
“[L]a Ley Modelo de Extinción de Dominio. Evita interpretaciones diversas respecto del momento en que se debe de iniciar el plazo de prescripción de la acción de pérdida de dominio” (Chávez Cotrina, 2018, p. 461), obviamente al señalar su imprescriptibilidad de modo lacónico. Volver
8.
“[T]odos los actos jurídicos que recaen sobre bienes de origen o destino ilícito son nulos de pleno derecho, y […] no se generan relaciones ni efectos jurídicos sobre aquellos bienes por el paso del tiempo. Las tres ideas están recogidas precisamente en el Decreto Legislativo N.° 1373, título preliminar, artículo II, incisos 1, 4 y 5” (Exposición de motivos del Reglamento del D. Leg. N.º 1373). Volver
9.
“[E]l principio de seguridad jurídica de nuestro ordenamiento supone no solo que los fallos judiciales procuren el punto final de los asuntos que deciden (efecto de cosa juzgada) y produzcan el efecto material respectivo (eficacia), sino también busca la seguridad para que dichos resultados se hayan llevado a cabo de conformidad con las regulaciones preestablecidas por el legislador para ello. La seguridad jurídica implica precisamente eso: que conocidas las reglas por todos, los procedimientos se deben adelantar de conformidad con ellas, y cualquier desviación socava la confianza que los ciudadanos tienen en estos, luego genera inseguridad” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-1216/05, de 24 de noviembre del 2005, f. j. n.º 41). Volver
10.
En el caso colombiano, “la Fiscalía General de la Nación tiene la facultad de adoptar decisiones propiamente judiciales, como aquellas restrictivas de derechos fundamentales o de otros derechos subjetivos, sin necesidad de un control previo o posterior de parte de otra autoridad judicial”, porque basta acreditar el enriquecimiento injustificado (Martínez Sánchez, 2015, p. 29). Volver
11.
“[L]a principal característica de la demanda es entonces constituir el primer acto procesal que se realiza en un proceso. La demanda contiene la pretensión o pretensiones concretas que el particular formula contra el emplazado a fin que el órgano jurisdiccional le declare, o proteja su derecho” (Monroy Gálvez, 1987, p. 203). Entonces, resulta razonable que luego de la indagación patrimonial el requerido conteste la demanda, por ser el primer acto procesal. De allí los rasgos civiles del proceso de extinción de dominio. Volver
12,.
“[Q]uien ostenta un título válido de propiedad se expone a perderlo si no ejerce su derecho de manera legítima, acorde con el ordenamiento jurídico” (Martínez Sánchez, 2015, p. 9). Volver
13.
La primera disposición complementaria final del D. Leg. N.º 1373 dispuso la creación de órganos e instancias especializadas en extinción de dominio: “Para alcanzar los fines del presente decreto legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Policía Nacional del Perú dispondrán, de manera progresiva y sujeto a disponibilidad presupuestal, la creación de salas, juzgados, fiscalías, procuradurías y divisiones policiales especializados en extinción de dominio, progresivamente en el plazo máximo de un año. Mientras se implementa lo establecido en el párrafo anterior, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y la Policía Nacional del Perú dispondrán que los procesos de extinción de dominio sean conocidos por las salas, juzgados, fiscalías, procuradurías y divisiones policiales que venían conociendo de los procesos de pérdida de dominio o, en todo caso, los órganos que para tal efecto designen”. Volver
15.
“Es una acción judicial porque, dado que a través de su ejercicio se desvirtúa la legitimidad del dominio ejercido sobre unos bienes, corresponde a un típico acto jurisdiccional del Estado y, por lo mismo, la declaración de extinción de dominio está rodeada de garantías como la sujeción a la Constitución y la ley la autonomía, independencia e imparcialidad de la jurisdicción” (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-740/03, 28 de agosto del 2003). Volver

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