El Especial del mes del número 123 de Actualidad Penal se titula: “Allanamiento a las oficinas de abogados y principio de objetividad fiscal. Ocho comentarios a la sentencia Oré Guardia”.

En nuestro Especial del mes, José Domingo Pérez Gómez, contrariamente a la posición adoptada en la sentencia del Exp. N.º 04382-2023-PA/TC, defiende la imparcialidad del fiscal en la investigación y señala que recién en el juicio oral es donde adquiere calidad de “parte”; Alonso R. Peña Cabrera Freyre explica los alcances del principio de objetividad en la actuación funcional del Ministerio Público según nuestra legislación procesal penal y jurisprudencia ordinaria y constitucional; Giulliana Aracelli Loza Avalos determina si el conocimiento previo de los hechos afecta la objetividad del fiscal en un caso en el que es perjudicado y a la vez persecutor; Abel Rabanal Carrillo analiza cómo los sesgos cognitivos pueden afectar la imparcialidad del fiscal y propone medidas para mitigarlos; Iván Pedro Guevara Vásquez destaca la orientación garantista de la que él denomina “doctrina jurisprudencial Oré”; Daivi Emerson Farfán Sullcahuamán analiza los argumentos empleados por el Tribunal Constitucional respecto al principio de objetividad fiscal y a las restricciones al allanamiento de estudios jurídicos en el Exp. N.º 04382-2023-PA/TC, a fin de determinar el impacto de esta decisión en el sistema jurídico peruano y los retos que plantea para el equilibrio entre la eficacia en la persecución del delito y el respeto de los derechos constitucionales; Jorge Pérez López examina, sobre todo, los alcances del secreto profesional en el allanamiento de estudios jurídicos en la sentencia del Exp. N.º 04382-2023-PA/TC; y Sergio Emerson Chávez Panduro aborda tres aristas del caso Oré Guardia: el allanamiento como parte de la labor investigativa del Ministerio Público, la imparcialidad fiscal en esta labor y las conductas obstruccionistas.

En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Yoselin Milén Vergara Castillejo, con base en la legislación y doctrina comparada, plantea la incorporación del concurso medial de delitos, ante la insuficiencia de los concursos ideal y real para abarcar los supuestos de hecho donde se hayan cometido delitos-medio y delitos-fin.

En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Patricia Gallo critica los fundamentos de la Cas. N.° 1464-2021 Apurímac, pues considera que esta parte de una premisa errada en la interpretación del art. 283 del CP (delito de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte vial) y, entre otras cuestiones, confunde las concepciones de “resultado” en el derecho penal.

En el apartado de Derecho Penal Militar, Leysi Rita Milagros Mendoza Herrera estudia la especialidad de la ley penal militar y su relación con la ley penal general; asimismo, brinda criterios para determinar en qué casos se aplica una u otra, y resolver supuestos concursales entre ambas.

En el apartado de Derecho Procesal Penal, Manuela Rosana Villar Ramírez explica cómo el principio de nulidad, introducido con el D. Leg.
N.º 1373, implica la posibilidad de reclamar para el Estado bienes provenientes o que sirvan de instrumento del delito sin límites temporales, por considerar inexistente el derecho a la propiedad de sus titulares, lo que equivale a la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio.

En la sección de Derecho Probatorio, Robinson Alonso Jiménez Begazo y Claudia Alarcón Lugo instan a los jueces a no dejarse llevar por los resultados de “equilibrio patrimonial” de las pericias contables-financieras para eximir de responsabilidad penal a los investigados y a valorar como un indicio incriminatorio a los ingresos de origen ilícito.

En la sección de Derecho Penal Constitucional, Cristhian Hugo
Gutiérrez de la Cruz resulta la necesidad de establecer límites claros y razonables a la utilización, por parte de los justiciables, de la elevación de actuados, como manifestación de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en sede fiscal.

Como jurisprudencia sumillada, incluimos, al finalizar cada una de nuestras secciones, un conjunto selecto de pronunciamientos de la Corte Suprema de la República sobre asuntos de coyuntura.

Derecho Penal General

— Cas. N.° 2505-2022 Lambayeque, que incluye al informe de indicios de delito tributario entre los supuestos del art. 84 del CP que suspenden el plazo de prescripción y determina si los jueces pueden apartarse del
AP N.º 5-2023 mediante las técnicas del distinguishing y del overruling.

Derecho Penal Especial

— Exp. N.° 00069-2021-51-5002-JR-PE-03 Nacional, que aplica el control de convencionalidad para adecuar los elementos “mercado ilegal” y “delitos graves” del tipo penal de organización criminal a la Convención de Palermo, tras la modificación del Código Penal y de la Ley contra el Crimen Organizado por la Ley N.º 32108.

Derecho Procesal Penal

— Cas. N.° 2321-2023 Amazonas, que niega la posibilidad interpretar la declaración del imputado como confesión sincera.

Derecho Probatorio

— Cas. N.° 750-2022 Lambayeque, que determina el estándar de prueba para acreditar el daño indemnizatorio y fijar la reparación civil.

Jurisprudencia Selecta

En esta oportunidad, presentamos una serie de pronunciamientos relevantes en torno al arraigo como elemento a valorar para determinar el peligro de fuga en la prisión preventiva:

— Cas. N.° 996-2024 Tacna, que establece al arraigo social como el indicio más relevante para evaluar el peligro de fuga.

— Apelación N.° 30-2022 Nacional, donde se señala que la pluralidad de
inmuebles no desvirtúa el arraigo domiciliario.

— Cas. N.° 524-2023 Ayacucho, que indica que el arraigo se valora de forma individual, es decir, no se determina en función de los demás factores del peligro de fuga.

Lima, septiembre del 2024