El Especial del mes del número 137 de Actualidad Penal se titula “La sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Cócteles (primera parte)”.
En nuestro Especial del mes, José Domingo Pérez Gómez critica la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Cócteles por constituir una interferencia política y jurídica indebida en un proceso penal que ya estaba listo para juicio, por ignorar el criterio de la Corte Suprema según el cual la conducta de la imputada constituía lavado de activos y por adoptar, sin contraste, las narrativas impulsadas por la defensa de Keiko Fujimori. Por otro lado, Carlos Meza Trujillo analiza si el financiamiento de dinero de origen delictivo destinado a campañas electorales de partidos políticos puede configurar actos de conversión de lavado de activos. Por su parte, Omar J. Candia Aguilar, desde la justicia constitucional y penal, estudia la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Cócteles de Keiko Fujimori y despersonifica el conflicto de intereses, evaluando los argumentos de ambas partes y realizando, posteriormente, una valoración jurídica. Además, Luis Lamas Puccio aborda algunas de las objeciones y críticas más serias que han surgido en torno al fallo emitido por el Tribunal Constitucional el pasado 2 de octubre del 2025 (Exp. N.° 02109-2024-PHC/TC Lima). Asimismo, Fernando Vicente Núñez Pérez destaca la necesidad de que el TC se hubiera pronunciado sobre la evolución legislativa del delito de lavado de activos, tanto respecto a la supuesta inexistencia de la modalidad típica de “receptación patrimonial” en 2011 y 2016 como sobre el rol que cumplió en su momento el elemento “dificultar la identificación de su origen, incautación o decomiso”. Finalmente, Brendalis Carhuancho Zaldaña estudia el derecho fundamental al plazo razonable en el proceso penal y la finalidad de la etapa intermedia a fin de determinar si existió vulneración de este derecho en el proceso seguido contra Keiko Fujimori.
En el apartado de Derecho Penal-Parte General, Giacomo Omar Huertas Salazar establece los fundamentos que permiten diferenciar la tentativa y los actos preparatorios en el marco del derecho penal del siglo XXI.
En la sección de Derecho Penal-Parte Especial, Víctor Raúl Espinoza Calderón estudia la necesidad de regular el hacking judicial como medida limitativa de derechos en la legislación procesal peruana, en el marco de la lucha contra la cibercriminalidad y los delitos cometidos mediante tecnologías de la información y la comunicación. Por su parte, James Reátegui Sánchez aborda la evolución legislativa de la protección animal en nuestra legislación, desde la incorporación del art. 450-A del CP, que sancionaba la crueldad animal como falta, hasta la tipificación actual del maltrato animal en el art. 206-A como delito contra el patrimonio. Por otro lado, Jordan Dony Mercado Cerrón realiza un análisis comparativo de la legislación de Perú y España en lo que respecta a los delitos de banda y grupo criminal, adoptando una perspectiva fundamentalmente crítica, pues incide en los aspectos más problemáticos derivados de la deficiente técnica legislativa adoptada en ambos ordenamientos. Por último, José Eduardo Prado Soriano busca establecer si la ketamina es una droga tóxica y, por ende, su tráfico está prohibido; o, por el contrario, si se trata de una sustancia lícita y, en consecuencia, su intercambio es permitido.
En el apartado de Derecho Procesal Penal, Javier Orlando Gonzáles Lázaro analiza si el plazo de diez días hábiles para que la defensa responda a una acusación fiscal viola el principio de igualdad procesal en los casos de criminalidad organizada, proponiendo una reforma normativa que permita la ampliación excepcional del plazo siempre que existan circunstancias objetivas de complejidad. Por otro lado, Segundo Alejandro Remigio Peláez aborda la admisión de actos de investigación en la etapa de investigación preparatoria del nuevo Código Procesal Penal, resaltando la imposibilidad de amparar dichos actos cuando el vencimiento del plazo de la etapa procesal está próximo. Finalmente, José Carlos Núñez Chasquero realiza un estudio sobre la competencia para investigar al jefe de la ANC del Poder Judicial —con posterioridad al antejuicio político—, concluyendo que recae exclusivamente en el fiscal de la Nación, a partir de un análisis exegético y sistemático de la legislación pertinente.
En el apartado de Derecho Procesal Constitucional, Jorge Luis Temple Temple examina la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley N.º 32130, cuestionando su falta de fundamentación en la política criminal, así como en el programa penal y procesal constitucional. Por su parte, Rolando Agramonte Ramos analiza la improcedencia de la amnistía en casos de graves violaciones de derechos humanos. Así, examina la Ley N.° 32419 (ley de amnistía) y su contravención a los estándares internacionales.
Jurisprudencia Selecta
En esta oportunidad, presentamos tres pronunciamientos sobre la prueba del consentimiento en la violación sexual:
— AP N.º 5-2016, donde se advierte que no es válido inferir el consentimiento de la víctima por su conducta anterior o posterior.
— R. N. N.º 1712-2019 Lima, que determina que no se puede presumir el consentimiento por el silencio o falta de resistencia de la víctima.
— R. N. N.º 1563-2019 Selva Central, que explica que la afectación psicológica descarta el consentimiento de la víctima.
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Lima, noviembre del 2025