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Edición 137

Noviembre 2025

137 / COLUMNA DEL MES

Reforma al delito de sicariato vía Ley N.° 32468 en el marco de la inseguridad ciudadana

Hemos sostenido hasta el hartazgo que la descripción criminológica en el país es propia de la criminalidad patrimonial violenta; esto es, los delitos que se cometen son robo, secuestro y extorsión. Los delincuentes buscan a toda costa obtener una ventaja patrimonial indebida o apropiarse de un bien ajeno y, para tal efecto, son capaces de todo; si la vida de una persona está de por medio (un obstáculo), no dudarán en matarla de manera alevosa. Es decir, asistimos a una suerte de progresividad delictiva (de menos a más), en el sentido de que el inicio de una tentativa de extorsión o de robo1 (cuando el ofendido no acepta el pago del cupo y ofrece resistencia) tendrá como desenlace un asesinato o sicariato (cuando el perpetrador actúa impulsado por un móvil económico2). Será este último caso si el extorsionador contrata a un tercero para que mate a la víctima, pero será asesinato por ferocidad si el primero de los mencionados (u otro miembro de la agrupación criminal) es quien ejecuta la muerte dolosa de la víctima. En consecuencia, matar a una persona por no aceptar pagar un cupo resulta un motivo nimio, pueril y deleznable, cubierto por el radio de acción del art. 108 del CP. Ahora bien, en este afán permanentemente de imponer las sanciones punitivas más severas (pena de cadena perpetua) de parte del operador legislativo, se han incluido dos agravantes bajo la cobertura legal del art. 108-C del CP. Primero ejecutar el delito contra quien realiza o promueve cualquier tipo de servicio público o actividad comercial (empresarial), es decir, considerando la calidad del sujeto pasivo del delito. Ello recoge los escenarios que han conmovido a la sociedad peruana en los últimos días y semanas, en cuanto al asesinato de transportistas y las balaceras ocurridas durante conciertos y shows musicales (personajes artísticos). Tal situación devino en una vacancia presidencial y, claro está, en el inmediato empleo de la ley penal para colmar las exigencias de la población por una coexistencia social pacífica, sin defecto de que el público clame siempre por castigos más severos. Segundo, cuando se organice, planifique, o se dé la orden de la comisión de un sicariato desde un establecimiento penitenciario. Se entiende que esto ocurre por la operatividad de las bandas y organizaciones criminales dentro de las prisiones del país, tratándose una red delictiva cuyos jefes, cabecillas o líderes están purgando condena3. Resulta altamente alarmante y reprochable que desde los establecimientos penitenciarios se planifiquen crímenes tan execrables, lo cual demanda una reestructuración del sistema carcelario en el Perú (limpiarlo de todo órgano corrupto). Esto debe tomarse con la mayor seriedad, si realmente se quiere perfilar un sistema de seguridad ciudadana de carácter “preventivo”. En resumidas cuentas, ambas modalidades típicas, hasta antes de la dación de la Ley N.° 32468, podían ser sancionadas (sus perpetradores4) con un máximo de 35 años de pena privativa de libertad; ahora, con pena de cadena perpetua. Veremos, en todo caso, si esta máxima sanción punitiva podrá detener la ola de criminalidad que sufre nuestra Nación, lo cual dudamos, si ello no viene acompañado de otras medidas, en puridad, contenedoras de la criminalidad. Además, ese mismo rango punitivo debe aplicarse también al delito de asesinato, pues, conforme a lo sostenido líneas atrás, estos homicidios no serán siempre ejecutados por un sicario, sino por el mismo agente que forma parte de la organización criminal dedicada al delito de extorsión. Finalmente, en el caso del art. 108-D, “La conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato”, lo que ha hecho el legislador es incrementar la pena, tanto en el tipo base como en la hipótesis agravatoria.Lima, noviembre del 2025
Por Alonso R. Peña Cabrera Freyre
[pp. 11-12]| Audio disponible |
137 / PRESENTACIÓN

Presentación

137 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

Las narrativas en la STC N.º 02109-2024-PHC/TC para archivar el caso Cócteles

Por José Domingo Pérez Gómez - [pp. 15-26]
Audio disponible |
137 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

Los alcances del principio de legalidad penal en el delito de lavado de activos según el criterio del Tribunal Constitucional en el caso Cócteles

Por Fernando Vicente Núñez Pérez - [pp. 27-46]
Audio disponible |
137 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

La correcta aplicación del derecho fundamental al plazo razonable: la proscripción de la devolución reiterada del requerimiento acusatorio en la etapa intermedia

Por Brendalis Carhuancho Zaldaña - [pp. 47-60]
Audio disponible |
137 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

La justicia constitucional y la justicia penal: a propósito del caso Cócteles

Por Omar J. Candia Aguilar - [pp. 61-75]
Audio disponible |
137 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

¿El financiamiento con dinero de origen delictivo en las campañas electorales de los partidos políticos puede configurar actos de conversión de lavado de activos?

Por Carlos Meza Trujillo - [pp. 77-86]
Audio disponible |
137 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

“Los Cócteles”: avocamiento indebido, receptación patrimonial o sinonimia

Por Luis Lamas Puccio - [pp. 87-90]
Audio disponible |
137 / DERECHO PENAL PARTE GENERAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La diferencia entre la tentativa y los actos preparatorios en el derecho penal del siglo XXI

Por Giacomo Omar Huertas Salazar - [pp. 93-123]
Audio disponible |
137 / DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL / DOCTRINA PRÁCTICA

El dilema de la ketamina como objeto material del delito de tráfico ilícito de drogas: un análisis de tipicidad

Por José Eduardo Prado Soriano - [pp. 127-144]
Audio disponible |
137 / DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La necesidad de regular el hacking judicial en el Perú para la lucha contra la cibercriminalidad

Por James Reátegui Sánchez - [pp. 145-154]
Audio disponible |
137 / DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL / DOCTRINA PRÁCTICA

El delito de banda criminal en el Código Penal peruano: análisis comparativo de una ley penal importada del ordenamiento español

Por Jordan Dony Mercado Cerrón - [pp. 171-189]
Audio disponible |
137 / DERECHO PROCESAL PENAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La igualdad procesal en delitos de criminalidad organizada: análisis del plazo para absolver la acusación, conforme al artículo 350 del CPP

Por Javier Orlando Gonzáles Lázaro - [pp. 193-205]
Audio disponible |
137 / DERECHO PROCESAL PENAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La admisión de actos de investigación ante el vencimiento del plazo de la investigación etapa preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal

Por Segundo Alejandro Remigio Peláez - [pp. 207-219]
Audio disponible |
137 / DERECHO PROCESAL PENAL / DOCTRINA PRÁCTICA

Análisis exegético sobre la competencia del fiscal de la Nación en la investigación del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial

Por José Carlos Núñez Chasquero - [pp. 221-236]
Audio disponible |
137 / DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL / Doctrina Práctica

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley N.º 32130 a la luz de las ciencias penales, del programa penal y procesal penal de la Constitución, y del modelo procesal penal de investigación del delito

Por Jorge Luis Temple Temple - [pp. 239-249]
Audio disponible |
137 / DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL / Doctrina Práctica

La Ley N.° 32419 (ley de amnistía) frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por Rolando Agramonte Ramos - [pp. 251-263]
Audio disponible |
137 / ACTUALIDAD LEGAL Y JURISPRUDENCIAL

RESUMEN LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL DESDE EL 21 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Audio disponible |
137 / JURISPRUDENCIA SELECTA

La prueba del consentimiento en la violación sexual

Audio disponible |
Equipo editorialIndizaciónEstadísticas

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