Sumario

1. Introducción. 2. El Poder Ejecutivo y la política criminal en el Perú. 3. Potestad normativa del Poder Ejecutivo y principio de legalidad penal. 4. Aplicación del derecho penal y riesgos de instrumentalización. 5. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y discusión. 6. Populismo punitivo, seguridad ciudadana y expansión del Poder Ejecutivo. 7. Conclusiones. 8. Referencias

Resumen

El presente artículo analiza la relación entre el Poder Ejecutivo y el derecho penal en el Perú desde una perspectiva constitucional y garantista. Parte de la premisa de que el derecho penal constituye la manifestación más intensa del poder coercitivo del Estado y, por ello, se encuentra sometido a límites constitucionales reforzados orientados a la protección de los derechos fundamentales. En este marco, se examina el rol central que desempeña el Poder Ejecutivo en la conducción de la política criminal, tanto en su dimensión normativa como en su aplicación práctica, así como los riesgos de instrumentalización del ius puniendi en contextos de inseguridad ciudadana y populismo punitivo. El estudio aborda, en particular, los límites que impone el principio de legalidad penal a la potestad normativa del Ejecutivo, la incidencia de las políticas de seguridad en la aplicación selectiva del derecho penal y la función del Tribunal Constitucional como órgano de control del poder punitivo. A partir del análisis doctrinal y jurisprudencial, se sostiene que existe una tensión estructural entre la eficacia política promovida desde el Ejecutivo y las exigencias del Estado constitucional de derecho. Finalmente, se concluye que la contención de la expansión punitiva requiere reforzar el control constitucional, la separación de poderes y el carácter garantista del derecho penal como condición indispensable para la vigencia efectiva del orden constitucional peruano.

Palabras clave: Poder Ejecutivo, delegación de facultades, Tribunal Constitucional, política criminal

Fundamento legal: arts. 104, 118 y 158 de la Const. Pol.

1. Introducción

En el Estado constitucional peruano, el derecho penal constituye la manifestación más intensa y gravosa del poder coercitivo del Estado, en la medida en que habilita la restricción directa de derechos fundamentales, tales como la libertad personal, el honor, la libertad de tránsito, la integridad personal y la presunción de inocencia. Esta especial intensidad justifica que el ejercicio del ius…