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Edición 142

Abril 2026

142 / COLUMNA DEL MES

Principio acusatorio y reglas prácticas para liquidar procesos del Código de Procedimientos Penales

Un asunto medular para el sistema de justicia penal y que debe contar con la claridad necesaria y suficiente es la existencia de un modelo constitucional para realizar procesos penales en los que las normas de primer orden, como lo son las constitucionales, son la piedra angular que permite acusar (función única del Ministerio Público), defender (garantizando el derecho de defensa en igualdad de condiciones y bajo reglas preestablecidas) y juzgar (función exclusiva de los jueces, ejercida con independencia).Según el art. 159 de la norma constitucional, el Ministerio Público, en su rol de control social, es el órgano que ejerce la titularidad de la acción penal. Por tanto, corresponde al fiscal decidir a quién acusar, por qué hechos hacerlo y bajo qué calificación jurídica, conforme al catálogo del Código Penal. El Ministerio Público tiene la función de calificar adecuadamente los hechos1, los cuales son invariables e inmutables, y constituyen la base de la acción del Estado contra los ciudadanos que transgreden el orden público. Asimismo, en esta etapa puede aplicar el principio de oportunidad, dentro de un ámbito de negociación permisiva que la ley concede. Ello requiere un dominio de la teoría del delito, así como de la prognosis de sanción y del resarcimiento a la víctima.En los procesos de liquidación previstos en el Código de 1940, el proceso penal se instruye de dos formas: sumaria y ordinaria. Como se sabe, la primera clase de procesos es sentenciada por el juez unipersonal, mientras que la segunda se somete a juicio oral ante juzgados colegiados. Asimismo, por la pluralidad de instancias, se reservan los recursos de queja en los procesos sumarios y los recursos de nulidad en los ordinarios.En el nuevo Código Procesal Penal, la acusación es el resultado de una investigación. Así, el discurrir de la investigación preliminar y de la investigación preparatoria, bajo el control de los plazos por el juez penal, da origen a lo que se conoce como la acusación fiscal, en la que se fija el objeto del juicio, delimita la prueba y solicita la sanción sin perder de vista el resarcimiento, la compensación o devolución del ilícito civil. Ello da origen a los juicios orales, presididos por jueces únicos o colegiados, dependiendo de la pena que se solicite. A su vez, al concluir el juicio oral, se presentan las casaciones como procesos de subsanación en la aplicación de las normas sustantivas o la aplicación de normas procesales que vulneran el ordenamiento procesal. Distinto es el caso de los procesos de garantías, como el hábeas corpus, que son de competencia del Tribunal Constitucional.Volviendo al principio acusatorio, se exige que el fiscal formule acusación mediante una redacción simple, clara, coherente y completa, porque sobre ella reposan las fuentes y medios de prueba, susceptibles de ser cuestionados y debatidos de acuerdo a la teoría del caso, tanto de quien acusa como de quien defiende. Tales elementos pueden conducir a la absolución o, en su defecto, a la declaración de nulidad por vulneración de la norma procesal y/o constitucional.En este escenario, debemos de distinguir las facultades que tiene el juez. Así, en los procesos sumarios del Código de 1940, puede investigar y sentenciar sobre los hechos denunciados y formalizados (contenidos en la denuncia y la acusación), mas no puede introducir nuevos hechos, solo puede valorar la prueba y aplicar al derecho.El juez no asume la justicia como un asunto de igualdad ideológica, menos puede introducir políticas de desarrollo social, como la posición ideológica en desarrollo de género y de exoneración de la aplicación de la ley. Como ya se ha expresado antes, estas formas informativas del desarrollo humanista y con el carácter de justicia solo están reservadas a las instancias últimas, como la Corte Suprema, que desarrolla tópicas de vacíos y/o antinomias en respeto de los derechos humanos.Los jueces no pueden dejar de aplicar las normas, en virtud de la obligación de observancia de la legalidad y la imparcialidad; asimismo, el Ministerio Público, al ejercer la acción penal, debe cumplir con el deber de objetividad.¿Qué sustenta el principio acusatorio como función del Ministerio Público?En primer término, es necesaria la separación de funciones: el fiscal acusa y ejerce la titularidad de la acción penal en nombre del Estado; no requiere de una función vicaria por parte de los jueces. Asume con responsabilidad la función que la Constitución le otorga; en consecuencia, cuando el fiscal acusa, el juez no puede modificar, corregir ni suplir la acusación, porque el destinatario de esta acusación es el imputado quien se defiende de los hechos. Se remarca esta función, ya que en la estructura de estos procesos acusatorios con rasgos adversariales, ante el despacho del juez, que es independiente, las partes tienen igualdad; por lo tanto, su requerimiento y pretensiones son resueltas por el juez con los remedios, reposiciones y apelaciones que se puedan formular en cada etapa decisoria. Puede darse el caso de que, cuando el juez advierta una flagrante vulneración de la norma procesal, de la norma constitucional o de los plazos, pueda usar los mecanismos correctivos porque tiene la función de ser director del proceso penal.Un asunto central de esta propuesta es lo que se conoce como la congruencia procesal, en virtud de la cual el juez solo puede pronunciarse sobre los hechos acusados, las personas acusadas y los delitos imputados respecto de los cuales tenga competencia de oficio. Será materia de un análisis posterior determinar si un hecho relevante, una acusación o un delito que no ha sido apelado ni objeto de subsanación por las partes, ni por el juez dentro del proceso, constituye un extremo que, por efecto de la preclusión, deviene incontrovertible.En los procesos del Código de ProcedimientosPenales de 1940, se plantean tres situaciones:Tabla 11. Si el fiscal provincial apela y el superior decide que debe confirmarse la sentencia2. Si el fiscal provincial dice que se confirme la sentencia y el superior dice que se revoque3. Si el fiscal provincial dice que se confirme y el superior dice que se confirmeFuente: Elaboración propia.A mi entender, para que se resuelva, en los dos primeros casos, por el principio de jerarquía, que no colisiona el principio de autonomía y autoridad en la investigación, el fiscal superior debe desistirse de la apelación o de la conformidad para que el superior en grado pueda decidir sobre el contenido de la acusación fiscal. De acuerdo al art. 406.1 del CPP vigente, quien interpone un recurso tiene la posibilidad de desistirse antes de emitirse la resolución sobre el grado, por lo que dicha figura es aplicable y debe ampararse el desistimiento.Aunado a ello, el Ministerio Público funciona bajo los principios de unidad y jerarquía, lo que significa que es una institución única, indivisible y estructurada verticalmente, en donde bajo una actuación uniforme, busca que la institución actúe con los mismos criterios ante casos semejantes, garantizando identidad de actuación, en donde ante opiniones contrapuestas, prevalece el criterio del superior jerárquico.En el tercer caso, la Sala está habilitada de proceder a archivar porque la titularidad de la acción penal es ejercida por su representante y, en uso del principio acusatorio, se deja a salvo la necesidad de cautelar el ilícito civil, tanto para el agraviado cuanto para la parte civil, a fin de que se pueda fijar montos indemnizatorios que satisfagan o palien la expectativa del agraviado en este aspecto. Para que sea práctico, propongo que el Ministerio Público, mediante directivas internas, instruya a sus órganos para que se cumpla este cometido.Estas son mis razones:Tabla 2a. El principio acusatorio, nuevamente, emerge del contenido de la justicia penalb. El fiscal no es independiente de la investigación ni ejerce como los jueces esta exclusiva función, es un órgano que investiga y ejerce la acción penal con objetividad, pero está sujeto a la jerarquía y a las instrucciones de las políticas criminales que el Estado ejerce.Fuente: Elaboración propia.El proceso de liquidación de la justicia penal del Código de 1940 tiene más de 20 años y ningún proceso en el mundo tiene esta duración. Se trata de encontrar salidas únicas, uniformes y efectivas para que el sistema de justicia penal sea único. Estas propuestas tienen como garantía y respaldo el desarrollo del Tribunal Constitucional en los siguientes casos: la Sentencia 327/2024 del Exp. N.° 02803-2023-HC/TC Lima, en la que se remarca la separación entre acusación y juzgamiento como una garantía de la imparcialidad judicial y el principio acusatorio como una garantía del debido proceso; y la sentencia del Exp. N.º 302-2000/TC, que consolida el rol del Ministerio Público como titular de la acción penal al señalar que el fiscal fija el marco fáctico y el juez no puede introducir nuevos hechos.Y en el Poder Judicial, el AP N.º 6-2209, que señala claramente que el principio acusatorio infiere prohibición de condena sin acusación respecto al contradictorio y la correlación entre acusación y sentencia; así como la Cas. N.º 2611-2021 Selva Central, que indica que el juez no puede reconstruir la acusación ni variar la construcción de los hechos.Consecuencias de esta aplicación:Como consecuencia, tendríamos separación de roles entre fiscales y jueces, empoderamiento de la actividad del fiscal, la aplicación del principio de congruencia entre la acusación y la sentencia, así como la prohibición de condenas sin acusación como expresión del debido proceso, lo que expresamente descongestionaría los procesos en liquidación que aplica el Código de Procedimientos Penales de 1940.Propongo que, mediante una directiva, en aplicación de la autonomía y el principio de jerarquía, el señor fiscal de la Nación disponga institucionalmente esta facultad del superior jerárquico que empodera el principio de autonomía.Así también, propongo que, para viabilizar el principio acusatorio, se faculte al juez penal a fijar la reparación civil, que, por su naturaleza extrapenal, tiene como finalidad resarcir el daño y considerar el tiempo transcurrido; o, en todo caso, que entre en vigencia el artículo pertinente del nuevo Código Procesal Penal.Lima, 6 de abril del 2026
Por Carlos Alfredo Escobar Antezano
[pp. 13-15]| Audio disponible |
142 / PRESENTACIÓN

Presentación

142 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

La flagrancia objetiva: una reformulación del concepto de flagrancia en el ordenamiento procesal penal peruano

Por Ryky Pinedo Dominotte - [pp. 19-42]
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142 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

72 horas de flagrancia. ¿Reforzamiento de la persecución penal o vulneración del derecho de libertad? Análisis constitucional del Decreto Legislativo N.º 1735

Por Frank Alix Acuña Ramos - [pp. 43- 58]
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142 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

La flagrancia delictiva: A propósito de las recientes modificaciones y protocolos

Por Carlos Meza Trujillo - [pp. 59-70]
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142 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

La flagrancia delictiva y su incidencia en el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones: A propósito del Decreto Legislativo N.º 1698

Por Riad Pedro García Félix - [pp. 71-91]
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142 / ESPECIAL DEL MES / COMENTARIO

La flagrancia delictiva en el sistema procesal penal peruano: elementos constitutivos, arresto ciudadano y registro personal: Análisis doctrinal y jurisprudencial

Por Ronald Hernán Suclupe Peña - [pp. 93-122]
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142 / DERECHO PENAL PARTE GENERAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La cuantificación judicial del castigo penal: tensiones, límites y ficciones de las teorías de la pena

Por Fernando Valdez Pimentel - [pp. 125-157]
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142 / DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL / DOCTRINA PRÁCTICA

La necesidad de cuantificar el objeto material en el delito de apropiación irregular y su incorporación como falta

Por Michael Chipana Pongo - [pp. 161-175]
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142 / DERECHO PROCESAL PENAL / DOCTRINA PRÁCTICA

El “principio de doble conforme” como criterio de inadmisibilidad: ¿una reducción del ámbito de corrección normativa del recurso de casación penal?

Por Cristhoffer Simon Borjas - [pp. 179-191]
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142 / DERECHO PENAL PROBATORIO / DOCTRINA PRÁCTICA

La fiabilidad de los informes psicológicos de los centros de emergencia mujer en las investigaciones fiscales por violencia psicológica contra la mujer e integrante del grupo familiar

Por Segundo Alejandro Remigio Peláez - [pp. 195-208]
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142 / DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL / Doctrina Práctica

La tipificación de los crímenes de lesa humanidad en el Perú: un análisis crítico del Proyecto de Ley N.º 14337/2025-CR

Por Rolando Agramonte Ramos - [pp. 229-242]
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142 / DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL / Doctrina Práctica

El Poder Ejecutivo y el derecho penal en el ordenamiento peruano: límites constitucionales y control del poder punitivo

Por Joseph Artur San Miguel de la Cruz - [pp. 243-260]
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142 / FILOSOFÍA DEL DERECHO PENAL / Doctrina Práctica

La filosofía del derecho penal en Michael Pawlik: El derecho penal como garante de un Estado de libertades

Por José Ávila Herrera - [pp. 263-288]
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142 / ACTUALIDAD LEGAL Y JURISPRUDENCIAL / Resumen Legislativo Y Jurisprudencial Del Mes

Resumen legislativo y jurisprudencial del 21 de marzo al 20 de abril del 2026

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142 / JURISPRUDENCIA SELECTA

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