El Especial del mes del número 142 de Actualidad Penal se titula: “La flagrancia delictiva. Ampliación de plazos, restricción de derechos y justicia especializada”.

Ryky Pinedo Dominotte propone una reformulación conceptual de la flagrancia, reemplazando el enfoque tradicional que la identifica con la condición del agente por otro que enfatiza el vínculo objetivamente verificable entre la persona y la lesión. En la misma línea, Frank Alix Acuña Ramos analiza constitucionalmente la ampliación del plazo de flagrancia a 72 horas introducida por el D. Leg. N.º 1735 y plantea una interpretación restrictiva. Por su parte, Carlos Meza Trujillo examina las principales reformas legales relacionadas con la detención en flagrancia, como la creación del Sistema de Justicia Especializado en Flagrancia, así como las problemáticas que esta institución presenta en la práctica. Por otro lado, Riad Pedro García Félix aborda las tensiones entre la flagrancia y los derechos fundamentales de la persona, como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Finalmente, Ronald Hernán Suclupe Peña analiza la institución procesal de la flagrancia delictiva en el sistema penal peruano desde una perspectiva jurisprudencial, examinando su fundamento constitucional, sus elementos estructurales y sus manifestaciones prácticas en las intervenciones estatales y ciudadanas.

En el apartado Derecho Penal-Parte General, Fernando Valdez
Pimentel estudia las serias limitaciones del modelo de determinación judicial de la pena asumido por la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia nacional, según el cual aquella debe estructurarse sobre la teoría preventivo-positiva y los principios generales del derecho. Sostiene que la carencia de una construcción conceptual rigurosa y de parámetros normativos definidos impide orientar con objetividad, racionalidad y coherencia la tarea jurisdiccional de individualización y cuantificación de la sanción penal en los casos concretos.

En la sección Derecho Penal-Parte Especial, Michael Chipana Pongo analiza la necesidad de cuantificar el objeto material en el delito de apropiación irregular, a fin de considerar como falta aquellos supuestos en los que el bien mueble apropiado no supere el diez por ciento de la Unidad Impositiva Tributaria, de manera similar a lo previsto para el hurto simple y el daño.

En el apartado Derecho Procesal Penal, Cristhoffer Simon Borjas cuestiona la causal de inadmisibilidad de casación vinculada al “principio de doble conforme” introducida recientemente por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Propone, en tal sentido, una interpretación del art. 428.1.d del Código Procesal Penal acorde con los fines de control normativo del recurso extraordinario de casación.

En el apartado Derecho Probatorio, Segundo Alejandro Remigio Peláez expone la problemática derivada del incumplimiento de los parámetros médico-legales establecidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en los informes psicológicos emitidos por los centros de emergencia mujer, en el marco de investigaciones sobre violencia psicológica contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Por su parte, Rodrigo Isaac Paredes Lévano cuestiona la aplicación indiscriminada del tríptico de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación establecido en el Acuerdo Plenario N.º 2-2005, reservado a los delitos cometidos en clandestinidad, a propósito del delito de tocamientos indebidos en agravio de menores. Asimismo, plantea soluciones probatorias para los casos en que no exista clandestinidad en la comisión de estos delitos.

En el apartado Derecho Procesal Constitucional, Rolando Agramonte Ramos identifica graves deficiencias en la propuesta de tipificación de los crímenes de lesa humanidad contenida en el Proyecto de Ley N.º 14337/2025-CR, por lo cual propone una redacción alternativa armonizada con el derecho penal internacional. Por otro lado, Joseph Artur San Miguel de la Cruz analiza la tensión entre la eficacia promovida desde el Poder Ejecutivo, en su rol de conductor de la política criminal, y las exigencias del Estado constitucional de derecho en el Perú. Recomienda reforzar el control constitucional, la separación de poderes y el carácter garantista del derecho penal como condición indispensable para la vigencia efectiva del orden constitucional peruano, a fin de contener la expansión punitiva.

En el apartado Filosofía del Derecho, José Ávila Herrera examina la propuesta filosófica de Michael Pawlik, situándola como un pilar fundamental para comprender el derecho penal contemporáneo desde una perspectiva de legitimidad política y social. El autor sostiene que, lejos de ser una técnica aislada, el derecho penal debe entenderse como garante de un Estado de libertades, cimentado en las teorías de pensadores clásicos como Hegel, Kant, Rousseau y Spinoza.

Jurisprudencia Selecta

En esta oportunidad, presentamos una serie de pronunciamientos relevantes en torno al tercero civilmente responsable:

— Cas. N.° 49-2020 Apurímac, que explica que la existencia de un convenio de cooperación entre una empresa y la policía no determina la incorporación de la primera como tercero civilmente responsable.

— Q. NCPP N.° 843-2021 La Libertad, que precisa los límites de cobertura del SOAT.

— Cas. N.º 1676-2017 Arequipa, que ampara la posibilidad de establecer responsabilidad civil vicaria del tercero civilmente responsable pese a la ausencia de declaración de responsabilidad penal y civil de los imputados.

— Cas. N.º 470-2020 Arequipa, que determina que no procede atribuir responsabilidad civil al ente jurídico cuando sus funcionarios han sido absueltos del objeto penal y declarados no responsables civiles.

— Cas. N.° 2466-2021 San Martín, que analiza los supuestos bajo los cuales los establecimientos de salud pueden ser incorporados en el proceso en calidad de terceros civilmente responsables.

— Cas. N.° 1146-2019 Piura, que establece la imposibilidad de atribuir al locador de servicios responsabilidad civil derivada de un contrato de arrendamiento financiero por accidente del vehículo arrendado.

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Lima, abril del 2026